Rigor y control en el empleo público

La situación de un grupo de trabajadores del Consejo Comarcal del Bierzo que llegaron en «fraude de ley» y ya son fijos, según el actual equipo de gobierno del Partido Popular, supone el enésimo caso de presunto enchufismo en las administraciones públicas.

Si hace unos días se conocía la contratación de la número dos del PSOE leonés, Belén Fernández, por la Ciudad de la Energía de Ponferrada, ahora le toca el turno al Consejo Comarcal, un ente sobre el que la mayoría de la ciudadanía ha tenido dudas sobre su verdadera eficacia y que ahora se ve salpicado por las acusaciones de enchufismo durante la gestión de los anteriores presidentes del partido socialista y especialmente en la etapa de Ricardo González Saavedra al frente de la institución y en menor medida con Jesús Esteban Rodríguez.

La llegada de los recortes económicos al Consejo Comarcal ha obligado a sus actuales gestores a revisar la situación de la plantilla y además de encontrar duplicidades en algunos puestos con dos personas para la misma labor, ha detectado que algunos trabajadores accedieron a la institución sin los necesarios informes de Intervención o sin que existiese consignación presupuestaria para realizar esta contratación.

Las sospechas ciudadanas sobre las fórmulas de acceso al empleo público en este país se ven alentadas cada vez que se desvelan situaciones como ésta. Son inaceptables las fórmulas que se han empleado en muchos casos porque aunque se haya bordeado la legalidad existe también una exigencia ética que debe estar presente en las actuaciones de cualquier institución. La tan citada transparencia debe estar presente en cualquier proceso y también en la gestión del dinero público. Las quejas del Consejo de que no tenía dinero han sido incluso cansinas durante años. Y ese dinero, ¿era para pagar a quién no debía estar ahí?