Un traspié, corregido a tiempo

Fue el incendio más importante de toda la campaña, arrasó más de 300 hectáreas, pero sobre todo fue el más trágico, proque segó la vida de un joven brigadista. Del fuego de Los Ancares, que puso en jaque durante varios días a los efectivos de la Junta de Castilla y León y del Gobierno, primero se supo que había sido intencionado y, después, se pilló a quien supuestamente lo había provocado.

Se detuvo al presunto pirómano, se llevó ante la Justicia de donde salió imputado por delito de incendio forestal por el fuego de Los Ancares, que puede acarrear penas de hasta cinco años de cárcel. Posteriormente, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente lo suspendió de empleo y sueldo. Alguien con estas credenciales no podía optar a otra plaza en la Administración autonómica, pero Alberto García González logró, aún nadie sabe explicarse cómo, que la Consejería de Hacienda le concediera otra plaza de celador para la zona de Peranzanes, y eso dos semanas después de haber sido suspendido de empleo y sueldo.

La reacción de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente no se ha hecho esperar y ya ha dejado claro que el celador pirómano no va a volver al monte, al menos hasta que se celebre el juicio y se aclaren las circunstancias del incendio de Los Ancares. Los fallos en la Administración suceden y, en muchos casos, están a la orden del día, pero lo importante es que se corrijan y, en este caso, lo que debe perdurar como ejemplo es la celeridad demostrada para deshacer el entuerto que había generado la Consejería de Hacienda. Un caso así enciende todas las armas, en cuanto salta a la luz, pero de este error, la Junta debe aprender para que no suceda en otros casos y con otras personas, sobre todo con aquellos que pudieran pasar despercibidos, al no estar en el candelero informativo. El fallo es humano, pero lo es menos si es corregido a tiempo.