Fiscalización, un sano ejercicio político

El Ayuntamiento de León no entregó durante los últimos cinco ejercicios ningún informe de fiscalización del presupuesto municipal al Consejo de Cuentas de Castilla y León, que es, como se sabe, un órgano meramente consultivo. Hacerlo, como ocurría hasta entonces y como volverá a ocurrir —al menos así se anuncia desde el equipo de gobierno—, es preceptivo, aunque no obligatorio. Esa negativa se corresponde en el tiempo con la etapa de mandato del pacto político PSOE-UPL, que supuso un incremento de la deuda municipal desde 290 a algo más de 437 millones. Por supuesto que los números que hubiese hecho el Consejo Consultivo no la hubiesen aliviado, pero quizá sus observaciones habrían sido de utilidad y desde luego tranquilizadoras para el propio gobierno municipal y sobre todo para los ciudadanos. Transparencia es lo menos que se puede exigir a la clase política. Transparencia y responsabilidad. Pero no parece que a la vista de los hechos y de los números haya existido una u otra cosa. Hubiera sido un magnífico ejercicio de higiene democrática.