La necesidad de proteger el gasto social

León es la provincia de la comunidad autónoma que más gasta en la atención sanitaria y social de las personas mayores de 65 años con algún grado de dependencia. Este año la atención a las 6.064 personas que se corresponden con ese perfil social supone 74,1 millones de euros. A esta cantidad hay que sumar los 346 millones de gasto sanitario y social de los mayores no dependientes. Si León está a la cabeza de la comunidad por el coste de la atención sociosanitaria a esos mayores respecto al gasto social, Castilla y León lo lidera a nivel nacional: 50,12% frente al 36,32% de media del país. La diferencia es la consecuencia del envejecimiento de la población, que se suma a la dispersión poblacional como agravante.

En el contexto de la actual situación económica suscitan en la ciudadanía justificados temores las reiteradas advertencias —y otras tantas negativas— en cuanto a que los planes de austeridad que se generalizan acaben imponiendo severos recortes en el gasto público en general y en el gasto social en particular. En todos los casos, sin excepción, los recortes han supuesto reducciones del gasto social. Ahora más que nunca, y por costoso que resulte, es necesario protegerlo, lo mismo que la atención sanitaria y la educación. Son pilares esenciales del estado de bienestar que tanto esfuerzo requirió en su conquista. Es preciso, en consecuencia, garantizar la calidad y la equidad de servicios y prestaciones a los mayores y a los dependientes, propiciando al mismo tiempo la autonomía personal con repuestas sanitarias y sociales audaces. Y es preciso incluso mejorar las aportaciones del Estado a la dependencia para asegurar el mantenimiento de la calidad de esos servicios. No debe olvidarse que cuando hablamos de dependencia en general, hablamos concretamente de personas con necesidades específicas y expectativas que esperan ver cumplido el derecho del que dependen sus vidas.