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pedro vicente
León

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No gastar ni un euro más de los que se ingresan». Este es el primer mandamiento de Mariano Rajoy en concordancia con su compromiso contra el déficit público asumido ante la Unión Europea y los mercados financieros que nos gobiernan. Y tal es la consigna transmitida a los presidentes autonómicos del PP, que es tanto como decir a los gobernantes de once de las 17 autonomías. Obligación de inexcusable cumplimiento a la que deberán atenerse igualmente los ayuntamientos, la mayor parte de los cuales regidos asimismo por alcaldes correligionarios.

En cualesquiera otras circunstancias una medida así de tajante podría no resultar especialmente traumática. En las actuales, con las haciendas autonómicas y locales en números rojos, más que traumática es dramática, ya que la única fórmula de equilibrar ingresos y gastos consiste en reducir los segundos, y además de forma drástica. En el caso de las comunidades autónomas, por más que se contenga el gasto corriente y se extreme la austeridad (cosa que no se está haciendo más que de cara a la galería), en el actual escenario económico el «déficit cero» es imposible de lograr sin meter la tijera en los servicios públicos esenciales (cosa que se viene haciendo de manera más o menos encubierta). Es así por una razón elemental: aproximadamente el 70% del gasto autonómico corresponde a Sanidad, Educación y Protección Social. Por lo tanto, resulta materialmente imposible reducir en un 10 o en un 15% el conjunto del Presupuesto de una comunidad sin que se resienta el gasto social inherente al Estado de Bienestar. Y ello aunque el resto de la inversión pública quede reducido a la mínima expresión, como de hecho está sucediendo.

Anatemizado el déficit, el segundo mandamiento autonómico de Rajoy es eliminar las duplicidades existentes en las administraciones públicas. Ahí tiene tajo el PP, que, tras convertirse en la fuerza política hegemónica en todos los ámbitos (estatal, autonómico, provincial y municipal), está en disposición inmejorable para afrontar ese reto. Otra cosa es que tenga verdadera voluntad política para ponerse a la faena. ¿Revisará algún día el desfasado papel de las diputaciones? De momento, salvo su negativa a que desaparezcan, no se conoce ninguna alternativa al respecto. ¿Se impulsará la reducción efectiva del número de ayuntamientos aprovechando que la inmensa mayoría de ellos son económicamente inviables? Patata caliente ésta que en Castilla y León se pretende parchear con el sucedáneo de las mancomunidades.

Y a propósito de duplicidades y reducción de gasto público, ¿para cuando la reducción de entes, fundaciones y demás organismos públicos de la comunidad prometida una y otra vez por Herrera?

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