Sanidad debe activar todas las alertas

El caso de las prótesis mamarias de silicona tóxica, las conocidas como PIP —siglas de Poly Implant Prothèse, empresa francesa que las fabricó en 1991— va camino de convertirse en un problema sanitario que, como todos, exige un control por parte de las administraciones.

Y es que pese a que no se conoce la composición exacta de las prótesis, si se sabe que para la fabricación de muchas de ellas se empleó silicona de uso industrial, algo que no está permitido. Además, según las últimas informaciones, los implantes contenían sustancias de uso nada sanitario y nada convenientes para tener dentro del cuerpo, como un aditivo para carburante que, entre otros usos, es utilizado para la construcción de materiales de navío y diversos componentes electrónicos. A esto se añade que también se emplearon otras sustancias relacionadas con el caucho.

Todo esto viene a demostrar la peligrosidad de unos implantes que cuentan con el problema añadido de que resisten mucho menos que la prótesis que se colocan en la práctica totalidad de las clínicas y hospitales, con el consiguiente riesgo para la persona que las tiene implantadas.

Ahora, la Consejería de Sanidad ha iniciado un mecanismo de control para conocer si a las clínicas privadas y hospitales públicos han llegado este tipo de implantes, algo que todo apunta no ha sucedido. Pero los cuatro casos detectados de mujeres leonesas que se hicieron la operación de sus pechos fuera de España exige que las autoridades sanitarias extremen el control para saber si existen más casos y, de ser así, ofrecer una solución a los pacientes afectados.

La alarma social ya está en la calle, tal y como demuestran las numerosas consultas que están recibiendo los centros hospitaliarios y clínica. Esa alarma es la que obliga a la Consejería de Sanidad a activar todas las alertas.