El delito como práctica extensiva

El delito de moda es el robo del llamado oro de los pobres. Pero no sólo con cable de cobre de los alumbrados públicos trafican los delincuentes. Vallas, bolardos, tapas de alcantarilla y de registros, rejillas, instalaciones de regadío en explotaciones agrarias, maquinaria pesada de obras públicas y sobre todo raíles de tren de las vías en desuso son material especialmente codiciado por los nuevos cacos, treinta de los cuales acabaron ante el juez en la provincia en el último año.

La semana que terminó ha sido densa en noticias relacionadas con esa actividad a propósito de la desaparición de centenares de metros de raíles de la vieja Ruta de la Plata, donde los cacos exhiben evidencias de su sofisticado modus operandi, hasta el robo de 200 metros de hilo de cobre que dejó a Oteruelo sin alumbrado público. Es una actividad que no cesa, pese a la fuerte presión policial que se ejerce no sólo en la vigilancia directa, sino también en el origen de los canales de retorno al mercado, fundamentalmente las chatarrerías y las fundiciones.

Pero el mercado negro ofrece todo tipo de posibilidades y un precio atractivo —hasta 4.000 euros por tonelada de cobre— como consecuencia de la compra masiva por parte de China, que ha revalorizado el metal a máximos históricos y ha estimulado enormemente la actividad.

Sin embargo, no debe olvidarse que lo que está en el origen de todo es nuestra propia situación económica y laboral. El aumento sin límites conocidos del desempleo es terrorífico no sólo porque afecta ya a 5.273.600 personas, es decir, el 22,85% de la población activa, sino sobre todo porque una de cada diez familias, millón y medio de hogares, tienen a todos sus miembros en paro. El riesgo de conflictividad social y de generalización de esas prácticas delictivas es grande, por mucho que esté atenuado por el empleo y los recursos de la economía sumergida, cuya dimensión duplica la media europea.