Chiringuitos públicos

La mar de curiosa y reveladora ha resultado la secuencia vivida en días pasados alrededor de las empresas públicas del Estado. Justo cuando el Consejo de Ministros pretendía dar ejemplo de austeridad suprimiendo un puñado muy poco significativo de ellas saltaba a la luz el escándalo derivado de la presencia de familiares de altos cargos del PP en presidencias y consejos de otras bastante más relevantes. La contradicción entre predicar y dar trigo resultaba tan flagrante que parte de esa parentela agraciada ha tenido que apearse de las sinecuras. El chusco episodio demuestra que la crisis no afecta al hábitat de la cabra, que, si tiene monte a la vista, no duda en dar rienda suelta a su querencia natural.

El magro ahorro generado por ese primer paquete de empresas estatales amortizadas resulta insignificante dentro del volumen del conjunto del sector público. A la espera de una actuación más decidida, el gobierno Rajoy, tan ducho ya en todo tipo de recortes, ha entrado con tijeras de manicura en un bosque que requiere potente motosierra. La misma actitud remisa que mantienen las comunidades autónomas, a las que les cuesta horrores renunciar a la multitud de entes públicos que han ido montando, la mayoría de ellos sin ninguna necesidad objetiva, cuando la economía parecía Jauja. Muchos de ellos auténticos chiringuitos exentos en la práctica de cualquier control, donde, enchufismo y nepotismo aparte, ha reinado la discrecionalidad y el despilfarro en la gestión.

Como no podía ser de otra forma, ese descontrol ha contribuido lo suyo a desbocar el déficit y la deuda pública. La Junta de Castilla y León no es una excepción y, aunque presume de ser la segunda comunidad con un sector publico mas reducido, no está como para sacar pecho. Las cifras cantan: El sector público autonómico fue el que más déficit generó en el pasado cuatrienio, pasando de 54 a 395 millones de euros. Ese agujero es una de las lacras que han disparado la deuda de la comunidad hasta los 5.476 millones, con un incremento en el 2011 del 27,5 por ciento.

Pese a ello, la Junta sigue mareando la perdiz. El presidente Herrera anunció en junio del 2010 una reducción del sector público, sin que se tomara ninguna medida en el año posterior. Tras las elecciones, prometió lo mismo en su discurso de investidura, pero, aprobado en diciembre el llamado Plan de Racionalización del Gasto Público, apenas se ha dado algún paso, por cierto más hacia fusionar entes (lo cual reduce su número pero muy poco el gasto) que hacia la extinción de todos los innecesarios (la inmensa mayoría). La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, dice que se está trabajando en ello «sin prisas pero sin pausas». De la falta de prisas ya nos habíamos percatado.

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