Fracaso escolar y reto político

Dos datos conocidos ayer y hoy extreman el dramatismo en el que vive a generación de jóvenes más preparada de la historia. Uno es de carácter general y lo aportada la EPA: la mitad de los menores españoles de 29 años está en el paro. El otro es de alcance provincial y lo detalla hoy este periódico: 4.093 alumnos sitúan a la provincia de León a la cabeza de la comunidad autónoma por abandono escolar. De poco consuelo sirve que la tasa de matriculados en la ESO que dejan sus estudios antes de conseguir el graduado escolar sea ligeramente inferior a la nacional: 26,2% frente al 28% del país.

La polémica LOE, todavía vigente, sustituyó el modelo elaborado por el PP que a su vez transformó el recibido de los socialistas. Ahora se anuncia una nueva reforma, aunque no una nueva ley general educativa, de la que el ministro José Ignacio Wert adelantó hace unos días las primeras ideas: premiará y fomentará «los valores del esfuerzo, el mérito, el trabajo bien hecho, la autoexigencia, la responsabilidad o el respeto al profesor».

Las urgencias en educación son cualitativas y no de van a resolver mientras se mantenga supeditada a las discrepancias políticas y a la irresponsable falta de consenso en torno a una cuestión básica que no deberían estar permanentemente en el debate en las cámaras y en la calle.

La educación en nuestro país, que históricamente nos ha situado por sus carencias en el vagón de cola de la Europa que debemos tomar como referencia, necesita una reforma. Una que sea profunda y definitiva y nazca del consenso político y social. Pero también necesita más dinero.

El masivo fracaso escolar lo es del sistema educativo, no de los alumnos, y no se arregla con parches. La experiencia debería servir de lección. El desprestigio de la universidad es también un fracaso sistémico que exige medidas. Es un reto que el Gobierno debería asumir con valentía. Pero también con mayor altura de miras.