Un retraso sospechoso

Entrado mayo, quinto mes del calendario, la comunidad de Castilla y León sigue sin conocer sus Presupuestos del 2012. Cuando tocaba presentarlos, allá por el mes de octubre, la Junta decidió aplazarlos, justificando su decisión en la falta de Presupuestos Generales del Estado y en la nula fiabilidad de las previsiones facilitadas por el gobierno —entonces en fase terminal— de Zapatero. Con esos argumentos se optó por prorrogar el Presupuesto del 2011 a la espera de que el nuevo gobierno central presentara sus cuentas para el 2012.

Cinco meses después dicha prórroga sigue vigente y los Presupuestos del Estado ya no son excusa, puesto que entraron en el Congreso de los Diputados el pasado 3 de abril. Desde esa fecha el gobierno autonómico conoce con exactitud los ingresos que el Estado va a transferir a esta comunidad en el presente ejercicio. El presidente de la Junta se dio de plazo hasta el 30 de abril para cerrar el nuevo Presupuesto. ¿A qué se espera ahora?

Es cierto que en este tiempo las comunidades autónomas, todas, están teniendo que revisar sus cuentas para proceder a los ajustes requeridos por el gobierno Rajoy: de un lado, el exigido para acogerse al plan de pago a proveedores y de otro, el derivado de los 10.000 millones de euros a recortar en Sanidad y Educación. Pero estos ajustes no justifican este retraso indefinido en la presentación del Presupuesto de la comunidad, cuya tramitación parlamentaria permite además incorporar, vía enmiendas parciales, cuantos reajustes se consideren necesarios.

Todo ello induce a sospechar que la Junta está retrasando deliberadamente su proyecto presupuestario. La motivación política sería obvia: Mientras no se conozca íntegramente y al detalle, partida por partida, todo el gasto presupuestado, no se puede visualizar en toda su magnitud el alcance de los recortes sociales asumidos por el gobierno de la comunidad. Entretanto, y para salir del paso, se entretiene a la oposición y al Parlamento adelantando aspectos parciales (primero fue el «techo de gasto» y hoy mismo serán los «ajustes» en Educación y Sanidad) que escamotean esa visión global. El Presupuesto es un retrato político al que la Junta parece resistirse.

Teniendo en cuenta que la tramitación parlamentaria se prolonga durante dos meses, en el mejor de los casos los nuevos Presupuestos de Castilla y León no entrarán en vigor hasta mediados de julio, es decir, iniciado el segundo semestre del año. Y habrá que ver si dicha tramitación, que suele acaparar la agenda parlamentaria, no sirve a su vez de excusa para aplazar o suprimir el debate sobre el estado de la comunidad celebrado siempre a finales de junio. Si ello fuera así, la tomadura de pelo a la oposición sería mayúscula.