La crisis, una coartada

En el mes de diciembre del año 2006 con la publicación y entrada en vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, la ciudadanía se felicitaba por la consolidación definitiva del Estado de Bienestar Social al «apuntalar» el cuarto pilar representado por el Sistema Público de Servicios Sociales y la atención a la dependencia. Culminaba entonces el desarrollo del Estado de Bienestar iniciado en los años 80 con los gobiernos de Felipe González (Seguridad Social, Pensiones y Educación Universales como derechos subjetivos y no graciables) y «sellado» por el gobierno de Jose Luis Rodriguez Zapatero con la entrada en vigor de esta Ley.

Finalizaba con ello una etapa y se iniciaba otra, que como muy bien resumía Gregorio Peces Barba: «La caridad producía beneficencia y la solidaridad genera servicios sociales». Empezamos a creer que los derechos conquistados constituían un patrimonio individual y social que bajo ninguna circunstancia íbamos a perder.

Sin embargo, tristemente, y en pocos meses de Gobierno del Partido Popular, estamos constatando que conquistar derechos puede tardar años y perderlos puede ser cuestión de segundos.

No cabe duda de que la «crisis económica» ha sido la excusa perfecta para que el partido popular esté dando «pasos de gigante» hacia el desmantelamiento y extinción del Estado de Bienestar en el que nunca han creído. Se trata de imponer su modelo social de ideología conservadora basado en el «engaño» de las graves consecuencias de la crisis económica. Y no lo afirmo yo, lo avalan prestigiosos economistas, profesores de economía aplicada y catedráticos de ciencias políticas, (Vicenç Navarro, Juan Torres López, Alberto Garzón Espinosa, entre otros) quienes plantean que no sólo hay otras formas de gestionar la crisis, sino que van más allá y defienden que la salida de la crisis pasa por «más» Estado del Bienestar. Defienden y sostienen, además, que el Estado de Bienestar no es la causa de la crisis económica, sino que en todo caso, la presumible «crisis del Estado de Bienestar» se debe a la crisis económica, y no al revés.

Quienes no creen en los Servicios Públicos ni en el Estado de Bienestar utilizan la «política del miedo», la idea del «caos económico y social» para hacernos creer que efectivamente, es necesario e imprescindible el tijeretazo en aquellos servicios y prestaciones esenciales y universales y a los derechos subjetivos que garantizan que todas las personas puedan desarrollar su proyecto vital en igualdad de condiciones.

Y precisamente de eso se trata, de las personas. Detrás de las cifras, de los fríos datos hay Personas con nombres y apellidos cuyo proyecto vital depende de la existencia de servicios sociales públicos. Las administraciones públicas están obligadas a dar respuesta a esas necesidades. Hace falta voluntad política.

No es demagogia. Los datos hablan por sí solos:

—El Ayuntamiento de León y el de Villaquilambre tienen previsto el cierre de varias escuelas de educación infantil.

—El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, viene a ser «más original» y se plantea privatizar la única escuela de educación infantil municipal que existe.

—Ambos aducen que son competencias impropias. Cierto es, pero entonces deberían exigirle a quien sí las tiene que asuma y preste estos servicios: la Junta de Castilla y León. Pero siguen el mandato del presidente Rajoy: «tendremos el estado de bienestar que nos podamos permitir», como si de un lujo se tratase.

—Paralelamente el partido popular retoma el discurso de la igualdad entre mujeres y hombres, de la conciliación de la vida familiar y laboral, al mismo tiempo que están eliminando en toda la provincia de León la figura de los/las agentes de igualdad, cuya gran labor en pro de la igualdad ha venido demostrándose sobradamente en los últimos años.

—Se reducen notablemente los presupuestos para subvencionar a aquellas asociaciones que gestionan servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género, entre ellos las casas y pisos de acogida, con el consiguiente riesgo de dejar abandonadas a su suerte a muchas mujeres y a sus hijos e hijas.

—En el municipio de León y en la provincia 13.547 personas tienen reconocida alguna prestación y/o servicio de la Ley de Dependencia. El Gobierno del Partido Popular ha reducido 283 millones de euros el presupuesto para atender a estas personas en todo el territorio nacional y la Junta de Castilla y León prevé recortar en este capítulo 2,8 millones de euros. ¿Cómo piensan compatibilizar los recortes con los derechos subjetivos que ha generado esta Ley?. Las personas dependientes quedarán abandonadas a su suerte? ¿Cómo podrán afrontar los/as cuidadores/as de estas personas la falta de apoyo y de ayudas para atender a sus familiares?¿Aquellas personas que acuden a Centros de Día o se encuentran en Centros Residenciales deberán volver a sus domicilios a vivir en condiciones de precariedad por carecer de recursos para pagar el coste gravoso de estos servicios?

—Hace unos días la presidenta de la Diputación de León anunciaba en la prensa que se paraliza la contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio al menos durante seis meses y que no habría nuevas altas en este servicio. ¿Deben las personas mayores y dependientes esperar meses y meses para recibir un servicio que como derecho subjetivo les corresponde?

—Pensemos que la provincia de León se caracteriza por un alto índice de personas mayores, muchas de ellas con más de 80 años, que residen en núcleos rurales dispersos y con grandes dificultades de comunicación para quienes la ayuda a domicilio es el único recurso que les puede ayudar a mantenerse en sus domicilios y evitar el desarraigo que produce el ingreso en un Centro Residencial. Como no podrán acceder al servicio público ¿se verán obligados a destinar la prestación a pagar a una empresa privada para recibir ese servicio?. Una vez más, el partido popular vuelve a caer en las privatizaciones encubiertas de servicios sociales esenciales y básicos.

—No olvidemos tampoco que los recortes en Dependencia suponen también un ataque al empleo. Basta señalar que en los cuatro primeros años de implantación de esta Ley se han generado 123.000 empleos directos y 63.000 indirectos en todo el país. ¿Recortar presupuestos es otra forma de reducir el desempleo?

Las Personas, cualquier Persona por el mero hecho de serlo, ante determinadas circunstancias vitales, estamos expuestos/as a que por diversas circunstancias personales, familiares y/o sociales, en cualquier momento de nuestro proceso vital precisemos de la atención del Sistema Público de Servicios Sociales. Ojalá, que cuando llegue ese momento, no sea demasiado tarde…