La alarma social debe ser tenida en cuenta

Fue uno de los incendios más importantes, por las 300 hectáreas que arrasó en la reserva natural de Los Ancares, del verano pasado, pero sin duda fue el más trágico y el que más alarma social generó ya que provocó la muerte de un brigadista, cuando trabajaba para sofocarlo.

Hubo que esperar varios meses hasta que la Guardia Civil, en estrecha colaboración con los técnicos de la Junta, recopiló todas las pruebas y detuvo al supuesto autor de ese fuego: un celador de caza de la propia reserva de Los Ancares, Alberto García, al que el Juzgado número 7 de Ponferrada le imputa un delito de incendió y le impuso una fianza de 10.000 euros para evitar la cárcel.

Acto seguido, la Junta se apresuró a expedientarlo, suspenderlo de empleo y sueldo y a dejar claro que no volvería a su puesto de trabajo en los montes hasta que fuera juzgado, afirmación que incluso se refrendó entonces, allá por el mes de diciembre de año pasado, con un concluyente: «Y luego ya veremos».

Parece que de poco o nada han servido estas afirmaciones porque el celador ya está de nuevo en el monte, en su trabajo habitual, al que se incorporó ayer según se confirmó desde la Reserva de Ancares.

No parece lógico que alguien acusado como está de provocar un incendio que le costó la vida a una persona y en libertad bajo fianza de 10.000 euros vuelva como si nada a la vigilancia de unos montes que supuestamente él mismo quemó. La alarma social, y en este caso la hay, también debe ser tenida muy en cuenta.