Presupuestos antisociales

Si hacemos una lectura detallada de los Presupuestos Generales de la Junta de Castilla y León, observaremos que a pesar de la tardanza no se han esforzado en buscar alternativas a los recortes, y están elaborados única y exclusivamente para cumplir con el objetivo del déficit del 1,5%.

Es evidente que los ingresos reales han descendido a lo largo de los años de crisis, y las transferencias del Estado han venido disminuyendo año tras año. Sin embargo la Junta de Castilla y León tiene capacidad y competencias para recaudar más, por lo tanto si no ingresa más es porque no quiere.

Para este ejercicio presupuestario la Junta perdonará unos 376 millones de euros de aquellos que están en disposición de recibir patrimonio, bien por herencia o donación, y conviene recordar que por esta vía, en el periodo 2009/2011 que coincide con la crisis económica, las arcas de la Comunidad han dejado de percibir más de 1.000 millones de euros, al mismo tiempo que se han acometido importantes recortes en gasto público, que ha afectado principalmente a los servicios públicos y a las inversiones.

La implantación del impuesto sobre venta minorista de hidrocarburos o «céntimo sanitario», supone a todos los efectos un claro perjuicio para el poder adquisitivo de los trabajadores, al penalizar con casi 5 céntimos por litro de combustible su movilidad al trabajo o su desplazamiento, precisamente en una comunidad tan extensa como Castilla y León. Es un impuesto regresivo en una doble vertiente: todos los ciudadanos pagamos por igual con independencia de nuestro nivel de renta y no deja de ser una nueva formula de copago de nuestro sistema sanitario.

La sanidad, la educación y la familia e igualdad de oportunidades son servicios públicos esenciales, y desde el inicio de la crisis las consejerías que los prestan han recortado sus presupuestos en más de 700 millones de euros, esta tendencia de política presupuestaria amenaza la cohesión social en nuestra comunidad autónoma y vulnera los derechos de la ciudadanía, generando un desempleo anual que afectaría a más de 5.000 trabajadores.

En unos momentos en los que el desempleo está en máximos históricos, las partidas correspondientes a políticas activas en empleo sufren una reducción dramática de 105 millones de euros en los presupuestos de este año, por lo que los miles de desempleados de Castilla y León verán mermadas sus posibilidades de promoción de empleo, formación y orientación o intermediación laboral. A esto hay que añadir un recorte sustancial a sectores económicos y en I+D+i .

Uno de los problemas que tenemos en nuestro territorio, es la diferencia de renta de unas provincias a otras, superando los 30 puntos, pues bien en estos presupuestos del 2012 se suprime la totalidad de las inversiones correspondientes al Plan de Convergencia Interior, factor que se consideraba necesario para suavizar los desequilibrios entre territorios.

En este resumen de algunos conceptos presupuestarios, se puede observar claramente, que no son los presupuestos que necesita Castilla y León y son claramente antisociales porque:

No son pensados para el interés general. No son unos presupuestos donde el empleo sea la prioridad. No lo son para mantener y fortalecer los servicios públicos esenciales. No fomentan el crecimiento, ni impulsan a los sectores económicos. No son unos presupuestos para garantizar la cohesión social y territorial en Castilla y León.

Son unos presupuestos que generarán un grave perjuicio, tanto en la calidad de los servicios públicos como para los trabajadores y la actividad económica. Y en los que además, se constata desgraciadamente la ausencia de una sola medida destinada al estímulo de la actividad productiva y al crecimiento.

Los presupuestos del 2012, junto con las medidas aprobadas en el plan de ajuste 2012-2014 son una fotocopia política económica, que prioriza la reducción del déficit público en detrimento de la recuperación económica y el empleo, y que nos empujan al precipicio y a la desesperación, aplicando a rajatabla las siguientes políticas: ausencia de medidas de estímulo y generación de empleo, refuerzo de una política fiscal de carácter regresivo, con nuevos impuestos indirectos, desmantelamiento de los servicios públicos esenciales y aumento de las desigualdades, pérdida de empleo público y privado, recortes de los derechos a los empleados públicos y menor capacidad de la administración para hacer políticas públicas.

Una política económica que generará más paro, prolongará y profundizará la recesión económica y producirá un empobrecimiento creciente de los trabajadores y trabajadoras. Con estos presupuestos se está mandando al conjunto de los trabadores y trabajadoras un mensaje de resignación, de derrotismo y de mantener la agonía, precisamente para aquellos que están atravesando por serias dificultades.

Para una política fiscal más justa y solidaria, para no continuar perdonando la contribución fiscal de unos pocos, que son precisamente los que más tienen, a costa de aumentar la presión sobre las rentas del trabajo y sacrificar los intereses generales de la sociedad, se debería de aumentar la capacidad recaudatoria aumentando el tipo marginal para las rentas superiores a los 60.000 euros anuales, recuperar el impuesto de sociedades y donaciones, y fortalecer dentro de la competencia de de la autonomía, las actuaciones en materia de lucha contra el fraude fiscal.