Recortes en Educación y desempleo

La comunidad educativa está muy preocupada por los recortes contemplados en relación con la Educación en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, que entró en vigor el pasado 1 de julio, por las disposiciones contenidas en el Real Decreto—Ley 14/2012, de 20 de abril, que introdujeron un recorte adicional de 3.000 millones de euros, y por las previsiones en la materia de la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León para este año, que seguramente se apruebe esta semana. Estos recortes han llevado al incremento del número de estudiantes por aula y a la reducción de las plantillas del personal docente y de administración y servicios, así como al empeoramiento de sus condiciones de trabajo.

El resultado de estas medidas es la reducción estructural del sistema educativo y, especialmente, de las universidades, que ven alteradas significativamente sus plantillas de personal docente e investigador, con el olvido de la promoción y de la relevancia del personal en formación para el presente y el futuro del modelo, y de personal de administración y servicios, del número de estudiantes a causa de la extraordinaria subida de los precios de matrícula y de la reducción de las becas (ahí está el efecto conjunto del Decreto 25/2012, de 5 de julio, de la Junta de Castilla y León y del Real Decreto 1000/2012, de 29 de junio, del Gobierno de España). Este contexto negativo se ve agravado por la disminución, cuando no supresión, de las partidas presupuestarias para I+D+I y por las decisiones que también se adoptan relativas a la paralización de las nuevas especialidades de formación profesional, muy vinculadas al mundo del empleo y de la empresa, y a la suspensión de las novedades diseñadas para el bachillerato.

Téngase presente asimismo que el Gobierno de España ha utilizado de manera inadecuada, y probablemente inconstitucional, el decreto—ley para reformar normas que son esenciales en la definición del sistema educativo español, como la Ley Orgánica de Universidades. La modificación de estas normas exige un periodo de consultas en las instituciones competentes y con las organizaciones que representan a la comunidad educativa y sus integrantes (personal, madres y padres, estudiantes), así como el oportuno debate parlamentario. No se trata en sentido estricto de una reforma abordada desde parámetros educativos o académicos, por lo que no se valoran las mayores eficacia y eficiencia desde la perspectiva del desarrollo de la personalidad y la formación personal, de la igualdad real o de la adquisición de capacidades para la prestación de trabajo o el emprendimiento. Se está simplemente ante una serie de medidas de recorte en la financiación que dañan gravemente la calidad y el rendimiento académico, minusvaloran la actividad de los y las docentes, que se han visto sometidos sorprendentemente a una campaña de desprestigio por parte del ministro de Educación, Cultura y Deporte, marginan el ámbito rural y contribuyen a la despoblación y a la pérdida de identidad de los pueblos y perjudican las potencialidades individuales y colectivas para el progreso socioeconómico.

No parece necesario insistir en la importancia de la Educación en las sociedades avanzadas para la igualdad, el bienestar, la protección de la familia (incluida la garantía del ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral) y el empleo. No obstante, conviene remarcar en este punto la naturaleza estratégica de la Educación en Castilla y León, tanto en la creación directa de empleo, como en la dinamización económica y empresarial, principalmente del sector servicios, fundamental en nuestra economía productiva regional. No cabe duda de que estos recortes en los presupuestos de Educación y de las Universidades y, por las causas citadas anteriormente, la reducción de las plantillas y del número de estudiantes, muchos de ellos procedentes del resto de España y de otros Estados, generarán efectos muy negativos en la actividad empresarial y socioeconómica local y regional.