De aeropuertos y otros menesteres

Ya se sabe que en el momento que a un político se le deja dirigir o planificar no suele salir bien la cosa. Pero como quieren mandar, pues no hacen caso de los técnicos, ya que les acusarían de gobernar por medio de la llamada tecnocracia. Con referencia a la planificación del transporte aéreo nunca han acertado, no siendo que se dejen dirigir por los técnicos. Se sabe que en España existen 47 aeródromos o aeropuertos (casi uno por provincia, una barbaridad) Y hacemos esta distinción, pues hace años que se hacía la diferenciación entre aeródromos o servidos por el Ejercito del Aire y Aeropuertos, de tráfico puramente Civil. (Se ha de decir que antes de crearse el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los aeropuertos pertenecían al Ministerio del Aire, bajo dos organismos. Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea que, después se unificó con el nombre actual de Aena bajo el acrónimo de los antiguos organismos).

Pasada la época autárquica, y al crearse las comunidades autónomas, cada una de ellas propugnaba por tener una aeropuerto que fuese faro y guía de los transportes aéreos de la región. Así, por una decisión política se construyo, de nuevo, el aeropuerto de Vitoria, a solo 66 kilómetros o 45 minutos de Bilbao y poco más de una hora de San Sebastián. Cuando se inaugura el aeropuerto alavés —año 1980—, los técnicos auguran que no tendría vida propia por la cercanía de Bilbao; los políticos entendían que no podía existir la capitalidad de una comunidad sin un aeropuerto de referencia. Pasados los años, los técnicos acertaron y hoy día es un aeropuerto dedicado casi exclusivamente a transporte de carga. Lo mismo ha ocurrido con el aeropuerto de Albacete, que es una obra fantasma sin aviones para loor de los políticos de turno y sobre la carga de la exigua caja de ahorros. Los ejemplos se podrían multiplicar.

Centrándonos en el aeropuerto de León, nos encontramos con que tras la decisión ajena a cualquier estudio de marketing, malvive a base de dinero de todos, bajo la disculpa de que es un servicio público. Nuestro aeropuerto —antes aeródromo— fundado en el año 1920, luego se instaló la Academia General del Aire, después la Escuela de Especialistas y recientemente la Escuela Básica del Aire; se abrió al tráfico civil en el año 1966, en 1994 al tráfico comercial y el primer vuelo inaugural en el año 1999. Desde ese año, ha seguido por varias vicisitudes, hasta la creación del llamado Consorcio del Aeropuerto que, como es sabido, se trata de una agrupación para desarrollar una actividad conjunta para dar vida al transporte aéreo. Veamos.

La actividad aérea la tutela Aena (con sus servicios de comunicaciones, COM, meteorología, MET, información aeronáutica, AIS, tráfico aéreo, ATS, control, bomberos, señaleros, etc.); los vuelos son planificados por las compañías aéreas.

Hasta aquí la objetividad del transporte. Pero como las normas del mercado no son proclives a la oferta, aparece el Consorcio del Aeropuerto para sufragar los vuelos, bajo la escusa de que la Ley de Régimen Local permite que entre ls competencias de la Diputación está la de cooperar a las «subvenciones a fondo perdido» (artículo 30.6.d) del Texto de Régimen Local. Osea que tenemos órganos nacionales, compañías aéreas, Consorcio; ahora nos falta la creación de un órgano consultivo del Consorcio, un equipo asesor de los consultores y unos letrados que asesoren a los consultores del Consorcio y de los contratos con las compañías aéreas. Como todo ello se hace con dinero público hemos de preguntarnos a cuánto sale el viaje de cada pasajero que vuela de León a Jerez, por ejemplo.

Los políticos deberían analizar sus apetencias antes de poner en marcha actuaciones irrealizables y que solo están en la mente de quien quiere figurar, vender el voto o alcanzar la fama con el nombre de un parque o una calle. Debería de consultarse a los ciudadanos la preferencia entre un vuelo León-Reus o pagar las medicinas o si quieren un tranvía o una unidad de urgencias médicas, o la preferencia —porque todo a la vez es imposible— entre suprimir la mitad de los concejales o aumentar el número de becas, en fin, si son necesarias tantas salas de exposiciones —sin pintores— o instalar consultorios médicos.

Alguien con sentido de la oportunidad deberá de ordenar preferentemente las necesidades ciudadanas. Porque un buen político no es el que habla, perora, discursea, inicia megaproyectos con dinero de todos para, a los pocos meses, se desinfla y acude en ayuda con los euros de los ciudadanos. Sin que se sepa en qué se invierte el dinero de los impuestos y sin saber a cuanto sale cada viaje a aeropuertos que no responde a la ley de la oferta y la demanda.

Es cierto que hay servicios que deben de prestarse aunque el coste no lo abonen los usuarios —en algunos países el transporte urbano es gratuito— pero de momento, baste con que se haya invertido la millonada en el aeropuerto (incluidas las propias pérdidas de su funcionamiento) para que encima tengamos que subvenir al pago de los viajeros que lo usan. Se recuerda que en un aeropuerto del norte de España, la Diputación pagaba la estancia de una noche de hotel a la tripulación de una aeronave para que estuviera lista para el primer vuelo de la mañana. Pero antes de tales subvenciones habrá que sopesar si el pago a las compañías usuarias representa una ventaja para los intereses económicos de la provincia y no solo para las apetencias lúdicas de unas minorías. Pero si se tuvieran que hacer obras, servicios u otros menesteres, ténganse en cuanta las palabras de Azorín: «Procure también no dar a las reformas y mejoras que prepara más vislumbres y sonoridades de las que deben tener, es decir, que si ha de hacer una mejora que llegue adentro en el país»