La deuda pública es de nuevo el problema

Alertaba ayer el colectivo profesional de que las administraciones públicas de la Comunidad deben a los autónomos de Castilla y León la friolera de 287 millones de euros. Pero no es una deuda histórica, sino la acumulada desde enero y hasta junio de este año, incluyendo, eso sí, las facturas pendientes que no se pudieron acoger en un primer momento al Plan de Pago a Proveedores aprobado por el Gobierno central.

El desglose de esa cifra por provincias revela que el 18,3% de esa deuda, exactamente 52,5 millones de euros, es la que corresponde a la provincia de León, donde curiosamente la Diputación se mantiene al día en los pagos y el Ayuntamiento de la capital ha hecho frente por esa vía del ICO al pago de más de diez mil facturas de proveedores por importe de 165 millones de euros, de los 371 de deuda histórica acumulada por los sucesivos gobiernos municipales. No es, como se ha sabido, un caso aislado. Son paradgmáticas también los de Cacabelos y Valderas, incapaces de hacer frente incluso a las facturas del consumo eléctrico hasta el punto de ser cortado el suministro o trasladar la actividad al viejo ayuntamiento.

Alertan también los autónomos de que tras la inyección de liquidez y moral que supuso ese Plan de Pago a Proveedores, la bola «puede volver a crecer demasiado». Ocurrirá mientras no acaba de imponerse una nueva cultura política sobre el control del gasto público y no se exijan responsabilidades penales a aquellos que no entiendan que tiene que ser así.