Reestructurar sin recentralizar

La macroeconomía debe facilitar la competitividad económica a la microeconomía. Esa, ha de traspasarse desde la estructura pública hacia la producción, empresas y emprendedores y autónomos y particulares. El ahorro o el préstamo deberán llegar a la productividad y directamente (con inmediatez e intensidad) no de forma marginal, más cuando son escasos. En cambio, en la mercantil España S.A., la absorción del empréstito por Estado, Autonomías y grandes Ayuntamientos, agrava la financiación privada que con sus ahorros y capacidad crediticia inmovilizados, y lo evadido, ni siquiera dispone de fondo de maniobra que financie el circulante debido a la desconfianza en las relaciones comerciales motivado por una legislación ineficaz con el impago generalizado, incluso de las instituciones públicas. Aún peor, crece el préstamo demandado por la administración y no mengua su estructura.

De ahí la exigencia de reducir el déficit financiero de las administraciones que configuran la industria España y que acaparan gran parte de la deuda bancaria con el consiguiente riesgo para el sector tras la iliquidez inmobiliaria, contingencia cuya mengua es trascendente para finiquitar la reforma financiera. Esa resta, preferentemente, tiene que realizarse de su coste y no del gasto en garantías sociales ni de la inversión.

Por ello es acuciante su reforma administrativa tanto en el aspecto cuantitativo como en el cualitativo. El primero actúa en la organización formal, eliminando, dimensionando, reestructurando, mientras el segundo incide en los procesos, como la selección de personal, conceptos, como desfuncionarización, despolitización, activismo funcionarial, y relaciones, como sinergias y control.

La transformación cuantitativa de la Administración comienza por eliminar lo que no sirve, la economía artificial. Se suele mencionar el término economía sumergida pero no el de economía artificial. Esta última abarca todas aquellas sociedades públicas no productivas, fundaciones «políticas» y estructuras organizativas de «designación», innecesarias o cuya actividad es susceptible de ser ejercida por el empleo público preexistente, inventadas alrededor de la organización formal en el ámbito publico y empleadoras de personal «afín», o con fines políticos que no garantizan derechos básicos de los ciudadanos, o aquellas cuyo ejercicio se llevaba a cabo o podría ejecutarse de forma voluntaria (colonización del voluntariado). Y si es mala la economía sumergida peor es la artificial para el conjunto de la economía, porque, entre otras razones, la primera es productiva y la segunda consuntiva. De nada vale recaudar los impuestos de la primera para diluirlos en la inutilidad de la segunda.

A su vez impera dimensionar la organización equilibrando recursos y necesidades, pues si malo es el paro para la economía peor es el paro encubierto ya que este hará irremediable la solución del primero. Para esclarecerlo, los salarios de una plantilla sobredimensionada de un ayuntamiento con déficit permanente (los ingresos no cubren los gastos) se saldarán con deuda impagada a proveedores ( suspensión de pagos), y/o incremento del préstamo (espiral de quiebra) y/o recortes de servicios (mayor sobrecapacidad de personal).

Si bien el artificio de la economía y el sobredimensionamiento organizativo resultan de la intencionalidad política, la sobreestructura proviene de motivos históricos y culturales. La sociedad España histórica y culturalmente se ha regido por el absolutismo, gobernado dictatorialmente y administrado de manera centralista desde las instituciones ubicadas en el centro geográfico territorial, Madrid, con una visión polifémica o de cíclope de sus unidades poblacionales y territoriales. El diseño del Estado en autonomías no ha escapado a esa herencia, manteniendo una perspectiva de los pueblos, principalmente, como centros de gasto y no como centros de beneficio, es decir, no como unidades de ingresos y gastos, que han acelerado la despoblación y la quiebra social entre el denominado campo y la ciudad, así como han engordado la estructura administrativa con una organización teóricamente descentralizada, las delegaciones provinciales y, sin embargo, una realidad efectiva centralizada, úsese de espejo la de Castilla y León en Valladolid, sin tener en cuenta peculiaridades propias regionales y provinciales, como sucede, en esa, con León donde existe secularmente una administración específica, económica y eficaz de las juntas comunales y/o vecinales que harían innecesarios los ayuntamientos y, que para colmo, se intentan abolir. Así observado, es de escaparate que, o sobraría la citada centralización administrativa o sobran las delegaciones provinciales.

Es, por tanto, emergente reestructurar esa sobreorganización autonómica, no recentralizando, sino, más mejor, rediseñándola y redescentralizando la compañía España Esa superposición autonómica es la prioridad a estrechar y rebajar. Suprimir juntas vecinales, concejales que no cobran, elucubrar con distritos de interés comunitario, es entretenimiento, y si malo es equivocarse peor es empeñarse en el error.

Supóngase que esa redundancia sumara quince mil trabajadores (es verosímil) en una Comunidad. Un parado del sector privado implica un incremento de coste para las arcas del Estado, por el contrario, la prestación por desempleo a uno del público sería una reducción neta de coste. Pues bien, eliminar la economía artificial y suspender ese número de puestos de trabajo una anualidad se aproximaría al 15% del presupuesto, por ejemplo, de la Junta que trasladado a inversión industrial absorbería, a corto plazo, el equivalente al paro antes encubierto. Imagínese ello por el número de autonomías, menor en las uniprovinciales. Apuéstese que el mero anuncio de esa medida desinflaría el interés de la deuda de la firma España. Intentar, en las circunstancias presentes, amortizaciones a largo plazo de puestos de trabajo, sin inversión productiva, evitará momentáneamente cierto coste político, (los que cebaron el gato no se atreverán a ponerle el cascabel), pero alargará interminablemente la agonía del negocio con continuas amputaciones de derechos y garantías socioeconómicas básicamente. Traspasar recursos desde la economía improductiva a la economía productiva es lo que posibilita una política de crecimiento.

Si mala es la solución porque el sacrificio angustioso no lo sufrirán los causantes del quebranto económico advenido sino trabajadores y ningún trabajador es culpable, ni público ni privado ni autónomo, peor es la alternativa de no hacerlo, el padecimiento de los que irán al paro, de los que están y de los que ya ni cobran se hará eterno. Tal vez nada, nada sea tan injusto como las crisis económicas, solo permiten socializar las privaciones de los inocentes.