La agonía del campo

El primer dato a considerar sobre las pasadas elecciones a cámaras agrarias es que el censo electoral se ha reducido en un 15 por ciento respecto al de hace cinco años. Poco más de 40.000 agricultores titulares de explotaciones familiares estaban llamados a votar, lo que indica que el censo de población activa agraria sigue cayendo en picado en Castilla y León. La figura del agricultor a título principal (ATP) constituye una especie en serio peligro de extinción.

Además de ser cada vez menos, los agricultores siguen bastante divididos. Es verdad que ahora no son cuatro sino tres las organizaciones profesionales que representan al sector, pero la fragmentación continúa siendo la misma. Ninguna fuerza es hegemónica y la implantación de cada una es muy desigual según las provincias, hasta el punto de que la tercera en número de votos en el conjunto de la comunidad, la UCCL, va a ser la que presida mayor número de cámaras provinciales.

No quiere decir todo lo anterior que la agricultura y la ganadería estén en retroceso en Castilla y León. La producción agropecuaria sigue teniendo importante peso en el PIB y la industria agroalimentaria constituye uno de los grandes pilares económicos de la comunidad. Lo que quiere decir es que, de la mano de la Política Agraria Común, el sector agrario ha transformado en las últimas décadas completamente sus estructuras, de forma que su producción ya no descansa tanto en la agricultura familiar como en las 2.324 sociedades agrarias que el pasado domingo también votaban.

Desde nuestra adhesión a la antigua Comunidad Económica Europea, el campo ha sufrido la mayor reconversión de todos los sectores productivos españoles. Lo que sucede es que las ayudas de la PAC han amortiguado sus efectos sociales. Pero esa pérdida de población activa se refleja en la incesante despoblación rural que padece esta comunidad autónoma. Al igual que ha sucedido con la minería del carbón, el maná comunitario no se ha traducido en la creación efectiva de empleo alternativo.

Es cierto que la Consejería de Agricultura se ha volcado con éxito en promocionar la industria agroalimentaria, pero la plusvalía generada por ésta no se corresponde ni con los precios en origen de muchos productos ni con la evolución de las rentas agrarias. Ese es el problema estructural que sigue sin resolver y en el tiene mucho que ver la posición dominante de determinadas industrias —por ejemplo, algunas lácteas— y cadenas de distribución. Mientras eso no se afronte, la supervivencia de la explotación familiar agraria estará colgada de la PAC. El día que Europa corte ese grifo, la inmensa mayoría de ellas echarán el cierre. Y no hace falta subrayar lo que ello supondría para el agónico mundo rural.