Una Constitución viva

Entre las razones alegadas el pasado fin de semana para justificar una posible modificación de la Constitución, ninguna tan peregrina como la que le escuché a un diputado socialista: como los jóvenes no la votaron, no se sienten identificados con ella; es decir, hay que cambiarla, votarla nuevamente en referéndum y así la harán suya. Según este argumento cada generación debería aprobar una nueva Constitución para sentirse parte de ella. No se trata de restaurar el precario constitucionalismo del siglo XIX sectario y partidista, sino de crear otro nuevo que cambie con cada generación. España, como se decía en el franquismo, debe de ser diferente al resto de los países de Europa, cuyas constituciones superan con creces a la nuestra en longevidad, por no hablar de la de EE.UU. que data de 1787.

Ahora que tanto se discute sobre la reforma de la Educación, alguien debería recordarle a ese diputado, que el medio más racional y eficaz para que los jóvenes se identifiquen con la Constitución, es estudiarla en el currículum y practicarla en las aulas y en la vida diaria. Existía esa asignatura —yo la impartí algunos años—, implantada por la ley 19/1979 de 3 de octubre, que regulaba el conocimiento del ordenamiento constitucional a partir del curso 1979-1980 en el Bachillerato y la Formación Profesional; pero la suprimieron los socialistas y en su lugar, años después con Rodríguez Zapatero, se introdujo una Educación para la Ciudadanía, que no fue más que un intento espúreo para el control ideológico de la juventud. Con buen criterio, el ministro Wert la ha suprimido de la Lomce, porque pretende mejorar la calidad de la enseñanza, y ésta se logra si hay resultados positivos académicos y libertad de conciencia en los ciudadanos.

Las constituciones son textos que presentan una cierta rigidez, como es lógico ya que no se deben cambiar al albur de las circunstancias, pero no son inmutables. La nuestra establece en los artículos 166 al 169 cuándo y cómo se pueden hacer los cambios. Lo que no se debe es, sin seguir esos pasos, introducir reformas de rondón como hizo Zapatero mediante el Estatuto de Cataluña, cuyas consecuencias ahora estamos viendo y pagando. Algunos dirán que el Tribunal Constitucional las ratificó en su mayoría (pero no es voz de Dios, sino la Voz de su amo). Marean la perdiz hablando de reforma constitucional, pero lo que realmente pretenden es de modificar el título VIII sobre la organización territorial. No lo hacen por necesidad ni consenso, sino por la presión de los nacionalsocialistas, que se frotan las manos con las disputas de socialistas y populares. No hay necesidad de reformas constitucionales, sí la hay de cambios políticos para obligar a cumplir la ley y hacer viable el Estado de las Autonomías.