Solventes, pero morosos

En medio de la tormenta política desatada por el caso Bárcenas, han pasado casi inadvertidas unas declaraciones del ministro de Economía, Luis de Guindos, anunciando las prioridades de su departamento para el presente año. De ellas me ha llamado la atención que uno de esos objetivos prioritarios sea el de conseguir que fluya el crédito destinado a financiar a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas.

Me llama la atención no porque ello no sea prioritario, sino precisamente porque lo siga siendo cuatro años después de iniciada la crisis. Siendo un problema perfectamente detectado desde el primer momento, ni durante los tres últimos años de Zapatero ni durante el primer año de la era Rajoy, el Gobierno ha sido capaz de remediarlo. Ello ha estrangulado a decenas de miles de pymes y autónomos que hubieran subsistido simplemente con haber tenido acceso a la financiación necesaria para ello. Recientemente hemos sabido que en Castilla y León han tirado la toalla el pasado año cuatro mil autónomos, muchos de ellos no tanto por falta de mercado como por encontrar cerrado el grifo del crédito.

El Gobierno Rajoy, como antes el de Zapatero, elude su responsabilidad, atribuyéndosela en exclusiva a la crisis de bancos y cajas. Pero es una responsabilidad claramente compartida. Primero porque se ha rescatado con ingentes cantidades de dinero público al sector financiero sin obligarle simultáneamente a que abriera dicho grifo. Y segundo porque, en su defecto, tampoco se ha subsanado esa carencia con una actuación más decidida por parte del ICO y del propio sector público.

No es por otra parte la del crédito la única asignatura que ha suspendido el actual Gobierno respecto a pymes y autónomos. Estos últimos siguen esperando, 15 meses después, que Rajoy cumpla determinados compromisos electorales solemnemente ratificados en su discurso de investidura. Uno de ellos era la promulgación de la Ley de Emprendedores y otro el de no tener que adelantar a Hacienda el IVA de las facturas pendientes de cobro, situación esta última que agrava injustamente la falta de liquidez. Cabe alegar que toda Ley lleva su tiempo, pero lo del IVA se podía resolver con un simple decreto de un Gobierno que ha batido todos los records en utilizar ese atajo legislativo. En lugar de ello, el incremento del propio IVA ha penalizado aún más a este colectivo.

Es cierto que el plan de pago a proveedores ha aliviado en parte esa angustiosa falta de liquidez de autónomos y pymes, pero aún así las distintas administraciones siguen muy lejos de cumplir los plazos a que obliga la Ley de Morosidad. Y la Junta de Castilla y León, que tanto alardea últimamente de solvencia financiera, no es ni mucho menos una excepción.