¿Necesita España un nuevo Estado?

Y, por ende, ¿una nueva Constitución? Para muchos, entre los que me hallo, no hay duda alguna. Sin embargo, ante la magnitud y dificultades de la tarea y la bien arraigada pereza de los políticos actuales, es preciso tener muy claro que llevarla a cabo sea necesario.

Los principales problemas de los españoles son el paro, las dificultades económicas, los recortes salariales y de prestación de servicios básicos y los políticos. Respecto de los últimos, si no fuesen ellos los encargados de calificarla y/o ratificar su existencia, hace tiempo que estaríamos hablando de «alarma social». Por menos, se ha encendido la luz roja en muchas ocasiones. No haberlo hecho en su momento y no haberle dado su tratamiento es lo que ahora nos lleva a sustituirla por «alto riesgo de conflicto social». ¿Bastaría con redactar una nueva Constitución para solventar esos problemas? Pues, no; sin embargo, es posible que la raíz de alguno, singularmente del último, esté en el hecho de que tengamos una Constitución que deja indefensos a los ciudadanos ante las dudosas actuaciones de sus dirigentes. Desde luego, en el caso de la corrupción política, la actual clase de mandatarios es responsable de la fragilidad legislativa, vacío jurídico y deficiencia institucional para neutralizar la impunidad en materia de, por ejemplo, financiación irregular de los partidos. Y no solo en ese ámbito.

Políticamente, no se trata de una cuestión ética, cuya transgresión nunca tiene consecuencias jurídico-penales, sino de diseño del Estado y disposiciones que regulan su funcionamiento. Por ejemplo, las amnistías fiscales a los grandes defraudadores son posibles porque la legislación concernida ha dejado las puertas abiertas a la impune transgresión, si no que se lo pregunten a los asesores fiscales de las personas físicas y jurídicas de esa premiada casta. Frente a ello, el Estado debería dotarse de una Agencia Estatal de Garantías Legislativas, dependiente del Tribunal Constitucional, que supervisase la redacción de las leyes elaboradas en las Cortes antes de su aprobación definitiva en el Parlamento (no basta con los asesores politizados existentes). Esta Agencia sería, también, el observatorio permanente de las desviaciones de la norma y responsable de nuevas propuestas para enmendarla. El propio Alto Tribunal sería el primer beneficiario. En el Departamento Fiscal de esa Agencia deberían estar, además de los responsables de la Agencia Tributaria, prestigios profesores universitarios, así como (y permítaseme la aberración) los asesores de los corruptos, algunos de ellos antiguos inspectores de Hacienda. Aun pagando a éstos como si de estrellas de la galaxia futbolística se tratara, la Hacienda pública ganaría mucho dinero. Esta sí sería una reforma estructural de las que tanto se le llena la boca al Gobierno que está haciendo. Y ninguna reforma estructural puede quedar en la periferia legislativa. Por eso no se han hecho antes, por eso no se están haciendo ahora.

Otro ejemplo es el problema territorial. Hay un partido al que le parece que el asunto puede despacharse con ligeros retoques en la Constitución, en la línea de atender mejor a los «revoltosos» otorgándoles mayores garantías y privilegios. Resulta impresionante que ese partido ignore lo que un catedrático de Derecho constitucional (para más inri, afín a él) sostiene: que el vigente modelo de descentralización (autonomías) carece de legitimidad constitucional de origen, ya que no fue resultado de un pacto constituyente. Si combinamos esto con que ese partido, desde sus orígenes, nunca ha entendido la problemática nacionalista, y que para el otro gran partido, atrincherado en un inmovilismo solo comprensible desde su incapacidad para abordar varios asuntos relevantes a la vez (recuerden el «con la que está cayendo, estamos para...»), la inacción está servida.

Bien, si ellos no están para tanta complicación, ¿por qué no facilitan el que otros, profesores y expertos constitucionalistas, lo vayan haciendo? Naturalmente, desde coordenadas que no suplanten la voluntad popular, aunque no nos vendría mal ir confiando algo más en la tecnocracia. Un encargo institucional así permitiría que los políticos pudieran disponer de contenidos normativos bien elaborados cuando los necesitasen. ¿Por qué no lo hacen? Pues, porque su inoperancia es estratégica y sirve a su ideología: a esos que tienen la cabeza llena de quimeras, basta con meterlos en cintura echándoles encima al Tribunal Constitucional. Con estos representantes, ciertamente, parece que no habrá nueva Constitución.

Y, sin embargo, la habrá. Porque el conflicto territorial existe y solo una miopía política severa como la que padecen los dos grandes partidos les impide verlo. Es un clamor la reducción del coste de la Administración del Estado, además de una demanda europea. Ante ello, ¿van a permanecer los 17 gobiernos autonómicos, con sus respectivos parlamentos, direcciones generales, asesorías, despachos, coches oficiales, etc.? ¿Creen que el problema está solo en Cataluña, porque es la que, hoy, consigue que se remuevan en su sillón? Los leoneses vieron insatisfechas sus aspiraciones de autogobierno en la Constitución del 78, obligados a compartirlo con quien no deseaban. Como pueblo culto que es, se comportó esgrimiendo limpiamente su protesta en los ámbitos pertinentes, sin estridencias, sin «revueltas», acaso con un exceso de sumisión, que ha sido malinterpretada. Sería un error creer que sus reivindicaciones han pasado a mejor vida. Esta vez sí habrá «cuestión leonesa» sin lugar a la resignación, porque sus gentes saben que no habrá nueva ocasión en muchas décadas.

Un ejemplo más, el de la Jefatura del Estado: ¿creen los «republicanos» del PSOE que en esta materia lo único que hay que abordar es que la mujer entre en la línea sucesoria? ¿Pereza, miedo, «síndrome republicano de confrontación civil»,…? Una actitud así solo puede entenderse desde la consideración del pueblo español en perenne infancia democrática, por lo que solo cabe avanzar con «pasitos de bebé». Porque a un pueblo democráticamente maduro se le pueden consultar estas cosas, ¿o no? Por si hubiera alguna duda, no está en mi ánimo hostilidad alguna contra la Familia Real, a alguno de cuyos miembros (los que hacen bien su trabajo) respeto, y si el pueblo español, en referéndum, dijera sí a la Monarquía parlamentaria, desde una opción pública también estaría yo con los que proclamasen ¡Viva el rey! Pero esta vez tiene que haber consulta y que una nueva Constitución garantice el que pueda o no volver a haberla, al menos, cada cambio sucesorio; en todo caso, con regulación explícita. Pero la cuestión de la Jefatura del Estado requiere de un tratamiento específico, en su momento.