Turno de ofidios
Fue a partir de la Restauración borbónica que se fijó en la Constitución de 1876 cuando en España se produjo un sistema de dos partidos mayoritarios al mando de Cánovas —por el conservador— y de Sagasta —por el liberal—. La Constitución de 1876 sirvió así como una mera excusa ante el pueblo para que a partir del pronunciamiento de Martínez Campos se instaurara de nuevo un régimen estable y con apariencia democrática.
Pero la realidad es que se instauró un Gobierno de turno entre partidos que planteaban postulados diferentes pero que eran lo mismo en la práctica. Un sistema clientelar que extendía sus ramificaciones por todo el país. De este modo los caciques provinciales tenían poder absoluto para la compra de votos, el pago en favores y puestos a sus clientes, el enriquecimiento personal y el amedrentamiento de sus adversarios. El Pacto de El Pardo consolidó este sistema corrupto que escamoteaba la democracia al pueblo y que contribuyó al sistemático atraso de España y a introducir en las mentes la idea de que todos eran iguales y de que, en definitiva, daba igual que gobernara un partido que otro.
La idea que subyacía tras el pacto de los dos grandes partidos de la Restauración borbónica del siglo XIX era que el pueblo español no estaba hecho para la democracia. El turno entre liberales y conservadores se diseñó para anular la posibilidad de que una tercera fuerza política pudiera disputarles el poder, para que el latrocinio y el saqueo impuesto a través del caciquismo en las provincias de la mano de sus visires hiciera estable el sistema y la democracia no pudiera instaurarse como forma de gobierno. Las élites económicas estaban detrás de estos dos grandes partidos que necesitaban una maqueta de Estado estable para que sus privilegios y sus saqueos continuaran sin interrupción.
Y he aquí que en 1978 se produce una nueva Restauración a través de una nueva Constitución, que como la de 1876, se queda en muchos aspectos en mera declaración de intenciones. Se diseña un sistema electoral que castiga la existencia de una tercera fuerza política nacional para lo que se le da mayor peso a territorios donde las élites económicas quieren tener representación directa en el Parlamento. Así los grandes capitales surgidos en las provincias vascongadas de la mano de la siderurgia y la industria lo hacen a través del PNV. La élite económica catalana se agrupa en el catalanismo como forma de defender sus intereses particulares en Madrid. El resto de España se la reparten los conservadores, o sea AP y ahora el PP, y la izquierda revolucionaria reconvertida en partido institucional, PSOE, y por lo tanto, partido del turno.
Como en el siglo XIX, el sistema del siglo XX depende del establecimiento de nuevas formas de caciquismo a través de las comunidades autónomas y de las provincias instalando a ojeadores atentos a toda forma de discrepancia, asumiendo el papel de proveedores de puestos a los fieles a los que se les da todo y ahogando con la ley a los enemigos. Y con ello llegamos a la crisis del siglo XXI que lo cambia todo, y a los escándalos innúmeros de corrupción que afectan a los dos grandes partidos. Y el sistema empieza a ser cuestionado por el propio pueblo que se despereza por el ruido.
Pues es el propio sistema el que está en el origen de la corrupción. Es la Ley electoral, es la Constitución de 1978 tal y como está planteada y que establece de facto un sistema de turnos en el poder en la que solo se discute a quien le toca saquear el Estado. Si verdaderamente se quiere arreglar esto hay que cambiar de arriba a abajo el sistema. De forma legal, utilizando el Estado de Derecho para darle la vuelta. Los partidos turnantes se resistirán, forzarán el voto en blanco y la abstención a través del desánimo del votante porque les conviene. Si la gente no va a votar o vota en blanco, a ellos, a los dos grandes partidos les dará igual aunque digan lo contrario. El sistema electoral ha sido diseñado previendo esa eventualidad.
Estoy firmemente convencido de que los dos grandes partidos tienen miedo. Está en juego el montaje que llevó al poder a muchos que lo han utilizado para su propio enriquecimiento. Los españoles no debemos olvidar que si no actuamos ahora, en cada cita electoral, castigándolos y mandándolos al agujero de la historia, no tendremos después ningún derecho a lamentarnos. Todo seguirá igual que en el siglo XIX, que en el XX. España perderá la oportunidad de ser un Estado verdaderamente democrático, como Estados Unidos, Francia o Alemania. No podemos permitirnos ese lujo: es nuestra última oportunidad.