Segunda preocupación

Como era previsible, ya está ahí. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) lo pone claramente de manifiesto. Para el 40% de los españoles, la corrupción es su segunda preocupación, solamente por detrás —no podía ser de otra forma—, del paro que preocupa al 79,9%. Si se tiene en cuenta que, según ese mismo barómetro, la cuarta preocupación de los españoles son los políticos (29,7%) y que no hace falta ser un gran experto sociológico para saber que la gente une corrupción a la clase política, la suma total es demoledora: al 69,7% de los ciudadanos les preocupa la corrupción y su exponente más público, la «casta» política.

Este nivel de preocupación por la corrupción no se había alcanzado ni en los últimos años de los Gobiernos de Felipe González, donde, al igual que ahora, prácticamente un día sí y otro también, nos desayunábamos con un caso de corrupción. En aquella época eran los GAL, los fondos reservados, el BOE, el AVE, Filesa, etc. En enero de 1995, la preocupación por la corrupción alcanzó al 33,5% de los encuestados entonces por el CIS. A raíz del cambio de Gobierno y de la llegada en 1996 del PP al poder, ese porcentaje empezó a bajar y se situó en el entorno del 2%.

Las semanas y meses que llevamos hablando, contemplando, sufriendo casos como el de Luis Bárcenas y su supuestos papeles acusatorios hacia dirigentes del PP; el del yerno del Rey, Iñaki Urdangarin; el de los eres falsos de la Junta de Andalucía; el de la familia Pujol; el de la ministra de Sanidad, Ana Mato; el del ex ministro de Fomento, José Blanco; el de varios alcaldes y concejales del PP y del PSOE en el caso Pokémon han acabado hartando a la gente en una situación de grave crisis económica en la que además se les pide un esfuerzo de apretarse el cinturón hasta niveles insoportables.

Por eso, la corrupción es un cáncer que daña gravemente a nuestro sistema democrático, a los valores morales y éticos de una sociedad que quiera ser y sentirse sana. Si no se ataja de forma urgente y eficaz el daño será devastador. Los ciudadanos tienen la impresión que los corruptos no pagan por sus fechorías; que los partidos se echan la pelota unos a otros con el ya cansino «y tu más»; que la justicia es lenta; que de hecho hay un clima de impunidad. Y eso se tiene que acabar. Los partidos tienen que establecer sistemas de control para evitar que los corruptos se cuelen en sus filas. Hay que proceder a una regeneración total y absoluta del sistema. Y hay que hacerlo ya porque mañana puede ser demasiado tarde.