¿Qué persiguen denigrando la educación?

El presidente y la consejera de Educación de Madrid se han cubierto de gloria con unas injustas e irresponsables declaraciones sobre el resultado de las pruebas de cultura general realizadas en las oposiciones de 2011 en Madrid. Forman parten evidente de una campaña de desprestigio de un servicio público básico como es la educación, con el fin de fortalecer el modelo privado y mercantilista.

Ante la gravedad de estas declaraciones queremos denunciar:

1.- Que se trata de un ataque visceral contra la enseñanza pública en la que es evidente que no creen y por eso pretenden dejarla como residual o subsidiaria de la privada concertada. Pero estas declaraciones no afectan únicamente a la educación en la Comunidad de Madrid. La mala fe de estos gobernantes queda patente al manipular ante la opinión pública unos supuestos resultados de unas pruebas, pocos días antes de que comience la campaña de matriculación de alumnos. Dentro de esta estrategia de fortalecimiento de la enseñanza privada, otras comunidades gobernadas por el Partido Popular han elaborado cambios en la adscripción de colegios a institutos y en la gestión de la matriculación para el próximo curso que benefician a los colegios concertados: hasta el curso pasado, por ejemplo, en León, los alumnos podían escoger cualquier centro privado o público que estuviera en la zona de influencia de su domicilio o del trabajo de los padres. Ahora pueden escoger cualquier centro concertado de la ciudad, pero no pueden elegir más que entre dos o tres centros públicos adscritos a sus colegios de origen. Esto es lo que ellos consideran «libertad de elección de centro».

2.- Que quienes vierten estas declaraciones están dispuestos a desprestigiar a los profesionales y a todos los titulados universitarios del Estado que se esfuerzan día a día para incorporarse al mundo laboral sin éxito, gracias a la incompetencia de estos gobernantes. Su ataque a los opositores es tan maligno como estúpido, pues de sus propios argumentos se podría concluir que los profesores que aprueban las oposiciones han pasado con éxito ese examen de cultura general tan importante para ellos y todos van a trabajar en la enseñanza pública. Son los que han cometido esos presuntos errores culturales los que trabajarán presumiblemente en la enseñanza concertada. ¿O es que los colegios concertados hacen algún tipo de examen para seleccionar a sus profesores?

3.- Que mientras la Comisión Europea exige a los países miembros campañas de reconocimiento y dignificación de la labor docente, el gobierno de Madrid (obsesionado por otros intereses ajenos a los de los ciudadanos) sale ante los medios de comunicación humillando, descalificando y despreciando a sus profesores con el único propósito de conseguir sus objetivos. ¿Es este el impulso moral del que, según el señor Wert, está tan necesitada la educación española?

4.- Que en esta disputa de la sinrazón y en esta borrachera de la imprudencia, desde el sindicato CSI·F debemos decir que responsables educativos de los centros concertados y autoridades de la administración educativa provincial callan siempre los sucesos graves de indisciplina que surgen en los centros concertados y magnifican los comportamientos que se producen en la escuela pública, sin matizar que es la escuela pública la única que cumple una verdadera labor social. Ya está bien de soportar ataques demagógicos de los grupos de presión, denominados «liberales», pero cuya concepción de la libertad se ha gestado al margen de la justicia. Para ellos, la libertad sólo es un bien absoluto si favorece sus intereses y hay que restringirla cuando no es así. Y en algún momento deberíamos poner las cartas sobre la mesa y decir las verdades ocultas de este tipo de centros reconvertidos en empresas cainitas a las que nada les importa hundir no sólo a la enseñanza pública sino también a otros centros concertados que les hacen sombra.

El profesorado no se merece esto. La sociedad civil, tampoco. Después de los numerosos y graves ataques sufridos los últimos años a su dignidad y a sus condiciones laborales, sólo faltaba este nuevo atentado. Además, si damos crédito a estas manifestaciones, podemos concluir que serían los propios gestores educativos los últimos responsables de que esto suceda.

En CSI-F no nos conformamos con pedir la rectificación de estos irresponsables del gobierno de Madrid, sino que hemos exigido que no permanezcan en sus puestos un minuto más. La educación española no merece estar en estas manos. Los ciudadanos estamos hartos de ver cómo los políticos pasan pero sus errores y sus incompetencias quedan, arruinan el futuro de muchas generaciones y frenan el desarrollo de todo un país.