Un encuentro que nos debe poner en guardia

El reciente encuentro mantenido a hurtadillas entre Mariano Rajoy y Artur Mas, el honorable presidente de la Generalitat catalana, ha despertado los lógicos recelos y sospechas que suscita cualquier cita política que se intenta ocultar.

En un momento en el que el ciudadano cada vez se fía menos de sus gobernantes, no parece la mejor idea que el presidente del Gobierno y el de una comunidad autónoma traten de hurtar a la opinión pública sus contactos. «Algo estarán tramando que no quieren que se sepa», se deduce desde la calle.

No parece que a estas alturas Rajoy y Mas tengan nada nuevo que decirse respecto a la agenda soberanista que el segundo tiene comprometida en Cataluña. Por ahí no existe margen de acuerdo. Descartado ese punto, la sospecha se deriva hacia la financiación autonómica, capítulo en el que existe toda una tradición de entendimiento entre el PP y los nacionalistas catalanes.

Mas rompió la baraja al exigir en su día un acuerdo fiscal unilateral que dotara a Cataluña de un status económico-fiscal similar al del concierto vasco. Y eso era algo inasumible para el PP, ya que supondría dinamitar el sistema de financiación autonómica y poner en pie de guerra a todas las demás comunidades.

Es posible que, una vez constatado el carácter maximalista de sus reivindicaciones, el nacionalismo convergente haya replegado velas y trate de recomponer la baraja, formulando propuestas que mejoren su financiación sin mayores traumas. Dicho de otra forma, que haya recuperado el «seny» del posibilismo. En esa estrategia encaja la idea del ministerio de Hacienda de sustituir el objetivo de déficit único fijado a las comunidades autónomas por otro de carácter variable que beneficiaría mayormente a Cataluña. Y ésta sería tan solo una primera concesión del PP hacia el nacionalismo catalán.

Recuperada la antigua vía del pacto, se abriría paso una nueva reforma del modelo de financiación autonómica que revise el actual reparto entre las 15 comunidades autónomas incluidas en el régimen común. Y es aquí donde Cataluña mejoraría su «balanza fiscal» con el Estado en detrimento de las comunidades «deficitarias» que reciben más de lo que aportan, caso de la de Castilla y León. La Junta, que lleva años quejándose del actual modelo, debería ponerse muy en guardia ante una eventual reforma de la que esta comunidad puede salir muy mal parada.