Usurpación patrimonial

Estamos asistiendo a una lenta pero progresiva y eficaz desertización de los pueblos leoneses. Cada día nos sorprenden con decisiones de políticas educativas que obligan a esfuerzos excepcionales de los alumnos y, a la larga, a buscar el garbanzo de otros lugares. Y sorprenden las medidas sobre el transporte público que, en aras de la todopoderosa austeridad, aísla a los cada día más escasos habitantes de nuestros pueblos. La sangría que padecemos, con todas las consecuencias que se derivan en cascada, es histórica, lamentablemente.

La riqueza de nuestra tierra se consolidó fundamentalmente en los pueblos. Y sobre ellos se ciernen ahora muchas amenazas, desoyendo o ignorando los esfuerzos comunes que, como servicio o necesidad, han sabido patrimonializar a lo largo del tiempo. Aquí adquieren valor el sentido democrático de los concejos —ya quisieran ahora nuestros políticos— y la proyección del trabajo común mediante la facendera.

Es necesario recalcarlo porque corren verdadero peligro sus acciones y sus frutos. El pueblo, los habitantes de los pueblos lo mismo habilitaron consultorios médicos que levantaron escuelas o casas para maestros. Lo mismo pusieron todo el esfuerzo, o el dinero, para erigir una iglesia que para construir la casa en que viviría el sacerdote. Lo mismo construyeron puentes que diseñaron y ejecutaron traídas de agua… La lista se haría interminable porque tiene referencias en todas las manifestaciones del vivir y sus circunstancias.

Y ahora resulta que llegan nuevas decisiones de los actores de la confusión. ¿O de la usurpación de este patrimonio levantado con el esfuerzo de muchas generaciones? En el laberinto del futuro de las juntas vecinales —¿por qué no empiezan, en todo caso, por donde más falta hace?— es muy conveniente y necesario subrayar que, al menos en buena medida, estos bienes no son bienes públicos, en el sentido que debe entenderse la afirmación, sino de una comunidad, de un pueblo que los ha puesto en pie con su esfuerzo a lo largo de los siglos.

En este contexto hay que entender los bienes religiosos. Las iglesias son símbolos de fe y también referencia popular. De hecho aún se implica el pueblo y el dinero público en arreglos y conservación. Personalmente, nada que objetar. Pero no debe olvidarse el matiz. Otra cosa muy distinta es ver cómo muchas diócesis —también las nuestras— han escriturado a su nombre muchos inmuebles (fincas, ermitas, casas rectorales…), levantados en muchos casos con el esfuerzo físico y ecónomico de los pueblos. Algunas casas rectorales, por ejemplo, arregladas con dinero público, vendidas o alquiladas después. Un buen negocio.