No es país para viejos

España se está convirtiendo en un país hostil para los viejos o, para ser políticamente correctos, para la gente de la tercera edad. A las exigencias de Bruselas y la sumisión del Gobierno para recortar las pensiones, se suma el robo de las «preferentes».

El PP vetó en el Congreso una propuesta para que los estafados, en su mayoría ancianos, pudieran recuperar lo invertido más una indemnización. La portavoz popular alegó que no quedaba lo suficientemente claro quien había sido engañado por la entidad bancaria de quien sabía lo que hacia. La solución , de buena voluntad, hubiera sido tan fácil como añadir al texto las aclaraciones pertinentes y posibilitar que se les devuelva lo robado a los preferentistas. Se da la paradoja, además, de que los populares votaron a favor en el parlamento gallego de un plan idéntico al rechazado en Madrid.

La falta de empatía del PP ante un drama de semejantes dimensiones conmueve a la opinión pública. Ver con sus pancartas y gorritos a gente que ha trabajado toda su vida, soslayando crisis, reconversiones, años de palo y tentetieso y que ahora han perdido sus ahorros duramente ganados es sangrante. Los jubilados constituyen esa masa social a la que se busca y apela en periodo electoral para luego olvidar en cuanto se cierran las urnas.

También Rajoy, en plena ofensiva electoral juro que las pensiones eran sagradas, e hizo un sentido alegato en defensa de los derechos de los mayores. Cuando ya se han quebrado todas las promesas electorales, la sanidad universal ha pasado a ser un recuerdo y la escuela pública va a recibir la puntilla con la Ley Wert, se traspasa la última frontera: el recorte de las pensiones.

Ya se había incumplido al no ligar su incremento al IPC, pero esta nueva vuelta de tornillo tras la efectuada por Zapatero, supondrá un recorte de prestaciones a los actuales y a los futuros jubilados. Conviene recordar que los pensionistas actuales, en un país con maás de seis millones de parados, se han convertido en muchas familias en el único sostén económico.

La política ultra liberal europea pretende ahora un recorte en las pensiones y que se aplique en su literalidad la reforma laboral. Es decir: más trabajadores a la calle y menos capacidad de acogimiento familiar. A los jubilados ya se les hizo pasar por el medicamentazo y por el tajo en las prestaciones de la sanidad.

Si, además, unas entidades bancarias les estafan haciéndoles perder el 75% de sus ahorros, mientras el Gobierno mira para otro lado sin instar a la Fiscalía a intervenir, éste no es un país para viejos.