Los intríngulis de los pactos

La aproximación de posiciones entre Rajoy y Rubalcaba en busca de una estrategia común para remontar la crisis no debería haber sorprendido a nadie, puesto que eso es lo que gran parte de los españoles lleva reclamando desde hace años a los dos partidos mayoritarios. La pregunta es por qué esa voluntad converge ahora y no ha existido en momentos mucho más críticos, como cuando España corrió serio riesgo de ser intervenida, circunstancia vivida tanto por el Gobierno de Zapatero como por el de Rajoy.

No es descabellado vincular dicho acercamiento con la debilidad que aqueja tanto al gobierno como a la oposición. La mayoría parlamentaria le permite al PP gobernar si ataduras, pero si no comparte sus decisiones con nadie, el coste social de las mismas se lo adjudica también en exclusiva. Y ese desgaste está siendo muy alto a tenor de las sondeos electorales.

Si el PP tiene ese problema, al fin y al cabo totalmente lógico, lo de Rubalcaba es aún más desesperante, ya que no existía el precedente de que el primer partido de la oposición, en lugar de beneficiarse del desgaste del Gobierno, siga perdiendo respaldo ciudadano. En esta tesitura, un Pacto de Estado contra la crisis tendría para el PSOE el doble efecto positivo de ponerse en valor como oposición útil y de haber obligado al PP a rectificar una estrategia que implícitamente se estaría reconociendo como equivocada. Si consuman el acuerdo, será porque PSOE y PP piensan que la foto del pacto tendrá efectos positivos para revertir el fuerte retroceso que ambos vienen registrando en los sondeos electorales. Como casi siempre, sería un pacto de conveniencia.

En Castilla y León los pactos entre el PP y el PSOE hace años que constituyen una especie de Guadiana sin relación directa con las tensiones o acercamientos de ambos partidos en Madrid. Aquí, tras haber firmado el pasado octubre un pacto-revoltijo de muy parcos resultados, hace unas semanas, se emplazaron a alcanzar acuerdos en torno al crecimiento económico, la creación de empleo y la consolidación de los servicios públicos esenciales. Sin embargo, no consta que dichos acuerdos, supeditados a la nueva disponibilidad presupuestaría derivada del nuevo objetivo de déficit, hayan comenzado a negociarse.

De momento, andan entretenidos en «renegociar» el acuerdo de mínimos contenido en el pacto de octubre sobre la ordenación del territorio, asunto que se solapa a su vez con la «reforma local» promovida por el Gobierno central. Y puede que no sea el único pacto del pasado que PP y PSOE tengan que actualizar, ya que en escena ha irrumpido la investigación judicial sobre la gestión de las cajas de ahorro, peliagudo asunto en el que los dos principales partidos han caminado en todo momento de la mano. Por cierto, hacia el abismo.