Una reforma de calado debe ser consensuada

El Gobierno de Mariano Rajoy tiene sobre la mesa grandes reformas de la administración, que nacen del planteamiento inicial del Ministerio. Los ejemplos más claros son la Ley Wert de Educación y, ahora, la reforma de la Justicia, que plantea el ministro Alberto Ruiz Gallardón.

Una nueva Ley, cuyo borrador ya está encima de la mesa y que fija una profunda reorganización en el sistema judicial español, sobre todo en las secciones más próximas al ciudadano. La norma significa poner patas arriba todo lo que se conocía hasta ahora, con el cierre de la práctica totalidad de los partidos judiciales —en León sólo quedarían la capital y Ponferrada— y de todas las audiencias provinciales. Además, de la reestructuración del TSJ de Castilla y León, que pasa a dividirse prácticamente en dos, entre Burgos y Valladolid.

Una enumeración de criterios a los que, de entrada, nada hay que objetar ya que eso es una labor que corresponde hacer a los estamentos judiciales. Lo que sí es criticable es que una reforma de la Justicia de este calado no nazca del necesario consenso que se requiere y sería deseable. Abogados, jueces, procuradores, funcionarios, todos sin excepción han mostrado su rechazo y la mejor prueba de ello es la huelga indefinida que ya anuncian.

El ministro Gallardón debe saber que la mayoría absoluta de su Gobierno no debe ser aplicada como un rodillo y que una reforma de la Justicia como la que él pretende debe ser consensuada.