Paisaje después del debate

Atrás quedo el debate sobre el estado de la comunidad y con él los rumores en torno a una posible remodelación del gobierno de Juan Vicente Herrera. El debate, noveno al que se sometía el actual presidente de la Junta, resultó un tanto atípico, al producirse en medio de una intensa negociación entre PP y PSOE para completar (en algún caso, revisar) los pactos que los dos partidos mayoritarios mantienen en el ámbito autonómico. A diferencia de lo ocurrido en Madrid, donde Rubalcaba y Rajoy simplemente han suscrito un pacto puntual de cara a la Unión Europea, en Castilla y León los acuerdos han sido incesantes desde el pasado mes de octubre. Aparte de todo lo que conllevó aquel «pacto de la Coronita», recientes están los acuerdos rubricados para mantener posiciones de comunidad en torno al modelo de financiación autonómica, la Política Agraria Común o la amenaza que supone la reforma local de Montoro. Por no citar diversas leyes aprobadas con el voto conjunto de ambos partidos.

Pero faltaba restablecer el consenso sobre otro asunto de calado, la ordenación territorial impulsada por la Junta, de la que los socialistas se habían desmarcado al considerar que el proyecto de ley desvirtuaba las bases pactadas el pasado octubre. Y esto es lo que ha aportado el debate de la pasada semana a través de una resolución que contempla la reapertura de las guardias médicas nocturnas suprimidas el pasado otoño en 17 zonas rurales y la puesta en marcha en 2014 de un nuevo plan de empleo local y juvenil dotado con 30 millones de euros.

Dejando a un lado la manifiesta insuficiencia presupuestaria de este último plan, continuación del aplicado este año por el mismo importe, el acuerdo contiene dos claras concesiones por parte de la Junta: la reapertura de las guardias médicas y el acuerdo de que el futuro mapa territorial de servicios sea aprobado mediante mayoría cualificada de dos tercios, lo cual obliga a mantener el consenso entre los dos principales partidos. Dichas concesiones han reforzado la posición de Óscar López, que ha arrancado esas condiciones, frente al secretario autonómico, Julio Villarrubia, quien ha quedado desplazado de la escena de este pacto.

En cuanto a una eventual remodelación de gobierno, algo siempre posible, con el presidente Herrera es hipótesis bastante improbable. En sus doce años de mandato tan solo hemos conocido una -la llevada a cabo en octubre de 2004-, inducida más que otra cosa para contrarrestar el temor al «efecto Zapatero» que entonces parecía emerger. Hoy hay razones mucho más objetivas para remodelar la Junta, pero no se percibe en el presidente la determinación necesaria para soltar lastre y dar un nuevo impulso al gobierno de la comunidad.