Ajenos al mundanal ruido madrileño

Ajeno, aparentemente, a la convulsionada política nacional el Parlamento de la Comunidad pasa estos días por el cedazo las 365 enmiendas parciales presentadas por los distintos grupos a la Ley de Servicios, Gobierno y Ordenación del Territorio. Lo curioso es que alrededor de 200 de esas enmiendas han sido formuladas por el PP y el PSOE, que tienen que encajar en el texto original el acuerdo al que llegaron en el pasado debate parlamentario sobre el estado de la comunidad.

La intención es que la controvertida «ordenación territorial» de Castilla y León sea aprobada en septiembre, antes de que apenas inicie su tramitación parlamentaria la traída y llevada «reforma Montoro», la llamada Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local. Tras el encuentro mantenido la pasada semana en Madrid entre Montoro y una delegación del gobierno autonómico encabezada por el presidente Herrera, la Junta cree que se han pulido los aspectos más negativos de esa polémica reforma. Se ha corregido el sistema de cálculo uniforme del «coste efectivo» de los servicios y se ha relativizado el papel que el proyecto original otorgaba a las diputaciones provinciales, llamadas a absorber en la práctica buena parte de las competencias de la inmensa mayoría de los municipios.

No están tan convencidos los socialistas de que esos retoques conjuren todas las amenazas que la Ley Montoro entrañaba, por ejemplo la supervivencia de las entidades locales menores y sus juntas vecinales, particularmente numerosas en esta comunidad y especialmente en la provincia de León.

Una vez que se aprueben ambas leyes, la «ordenación territorial» de la Junta y la «reforma local» estatal, veremos cómo encajan ambas y si son tan compatibles como pretende el gobierno Herrera o se dan de bruces en algunos aspectos. En cualquier caso, la ley autonómica plantea un nuevo diseño territorial que tiene por delante un largo recorrido. Para empezar, su nudo gordiano, el mapa de las unidades territoriales encargadas de gestionar los servicios de la Junta, deberá ser aprobado mediante otra ley específica y con mayoría cualificada de las dos terceras partes del Parlamento de la Comunidad. Ello quiere decir que al día siguiente de aprobar la Ley, PP y PSOE quedan emplazados a seguir negociando hasta cerrar ese mapa y la cartera de servicios —a fin de cuentas lo fundamental— que lo acompañe.

Entretanto, el socialista Óscar López prosigue su gira veraniega por los municipios que, gracias al pacto de la «ordenación territorial», han recuperado las guardias médicas suprimidas el pasado mes de octubre. Un periplo igual de propagandístico pero mucho más gratificante que aquel pintoresco «tour» ciclista que protagonizó en el verano de 2010.