Cierre de filas

Ya hemos comentado aquí que los veranos han dejado de ser sinónimo de relajación y tregua en la vida política española. La situación no permite, como era costumbre en el pasado, vaciar la agenda política a principios de julio y no reactivarla hasta finales de agosto. Véase el tránsito entre ambos meses que nos espera esta semana. Julio se va a despedir con esa reunión de la que se lleva hablando varios meses en la que el Consejo de Política Fiscal y Financiera va a revisar el límite de déficit que deben observar las comunidades autónomas en el presente ejercicio de 2013. Y el primer día de agosto ha sido la fecha elegida por Mariano Rajoy para comparecer ante el Parlamento, está por ver si para dar las explicaciones que exige la oposición sobre el caso Bárcenas o para recrearse en los indicadores económicos susceptibles de interpretar como un punto de inflexión hacia la recuperación económica.

El ruido mediático que ha rodeado la comparecencia de Rajoy ha dejado en un segundo plano esa cita en la que se va a decidir si se eleva el techo de déficit autonómico de manera uniforme o se aplica de forma asimétrica. A estas alturas caben pocas dudas de que finalmente se abrirá paso la segunda opción, que satisface la aspiración de comunidades como Cataluña, Andalucía, Murcia, Valencia y Baleares, frente a las demás, partidarias de mantener el mismo límite para todas. «Los españoles somos iguales ante el déficit», clamó, allá por el mes de abril, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Pero no parece que esa apelación a la igualdad vaya a salir adelante, ni siquiera está claro que la Junta, aun discrepando, vaya a desmarcarse de la propuesta que defienda el ministerio de Hacienda, como lo hizo hace un año expresando mediante una abstención su desacuerdo con el techo de déficit que ahora se revisa. En la víspera de la comparecencia de Rajoy, todo indica un cierre de filas de las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

Es evidente que el gobierno Herrera y el ministro Montoro también han limado asperezas sobre el Proyecto de Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local que finalmente alumbró el pasado Consejo de Ministros. La Junta ya no mantiene el rechazo frontal a esa Ley que, si bien es cierto que ha pulido algunos aspectos, mantiene otros bastante inquietantes para todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes (en Castilla y León 2.233 de los 2.248), así como para las entidades locales menores y sus juntas vecinales.

Frente al repudio de toda la oposición hacia la «reforma local» de Montoro, el gobierno autonómico ya ni siquiera crítica el efecto más oneroso para sus propias arcas: la obligación de las comunidades de financiar determinadas competencias impropias sufragadas hasta ahora por los ayuntamientos, tal como la limpieza y el mantenimiento de los colegios públicos y los consultorios locales. Aspecto éste nada baladí que enfrentaba a la Junta con la Federación Regional de Municipios y Provincias.