La utilidad del Procurador

Con casi seis meses de retraso desde que lo recibieron, las Cortes de Castilla y León debaten hoy el Informe Anual del Procurador del Común, en el que esta institución —alto comisionado del Parlamento de la Comunidad—da cuenta de su actividad en el ejercicio anterior.

Dejando a un lado dicho retraso, ajeno por completo al Procurador, el hecho relevante es que en 2012 se disparó el número de quejas presentadas al Defensor, elevándose a un total de 4.264, 1.853 mas que las registradas un año antes y más del doble de las tramitadas en 2010, que no llegaron a las 2.000. Este incremento es claramente indicativo del creciente malestar ciudadano ante el deterioro de los servicios públicos (Educación, Sanidad, Dependencia, etcétera), que son los que concitan gran parte de las quejas dirigidas al Procurador. Y conviene precisar que muchas son de carácter colectivo, multiplicándose con ello por miles los que se consideran damnificados por los poderes públicos.

Aparte de reflejar ese creciente malestar ciudadano, el incremento de las quejas denota una estimable confianza de los administrados en la actuación del Defensor. Si se dirigen a él cada vez en mayor número será porque confían en sus buenos oficios y en su independencia frente a las administraciones concernidas.

El asunto no es baladí cuando, so pretexto de reducir el gasto público, se ha cuestionado la utilidad de los defensores del pueblo en las autonomías. El gobierno central ha recomendado la supresión de esta figura autonómica, algo que ya se habían adelantado a hacer algunas comunidades, la primera de ellas Castilla-La Mancha, donde nada más llegar su actual presidenta, Dolores de Cospedal, se suprimió también el Consejo Económico y Social.

No es de recibo meter en el mismo saco de la austeridad en el gasto la reducción de la Administración Pública y la existencia de instituciones que tienen como finalidad la defensa del interés publico y de los derechos ciudadanos frente a los eventuales abusos de los gobernantes de turno. No es que no sea de recibo, es que ello resulta perverso, máxime si se trata de instituciones de coste asequible y rentabilidad social, cuya desaparición empobrecería aún mas nuestra precaria calidad democrática.

Salvo por la Unión del Pueblo Leonés, inexplicablemente obcecada en eliminar la única institución autonómica con sede en León, la realidad es que en esta comunidad nadie ha cuestionado la utilidad del Defensor, cuya continuidad está por otra parte garantizada por el Estatuto de Autonomía. En un momento en el que el ciudadano está cada vez más desamparado, su existencia se justifica más que nunca.