Diario de León
Publicado por
Eduardo Gutiérrez Suárez Presidente de La Asociación Cultural y Medioambiental ARZOYA
León

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Hace unos años, demasiados si consideramos el peligro que este caso encierra para La Robla y poblaciones cercanas que pudieran ser afectadas por la grave contaminación provocada por la incineración de diversos tipos de residuos en el sistema de producción de la Sociedad Anónima Tudela Veguín. Algunas asociaciones de la provincia de León, unidas con las cerca de cinco mil denuncias individualizadas de ciudadanos de las riberas del Bernesga, el Torío, la capital y como no la mayoría de los vecinos del Ayuntamiento de La Robla, hicimos público tanto en la calle como en las instituciones que consideramos con competencia en el caso, Ayuntamiento de La Robla, Junta de Castilla y León, por supuesto a la empresa responsable de los graves peligros que sus prácticas en la producción ocasionaban contra la salud pública.

Por si fuese poco legible el papel escrito, se hicieron varias manifestaciones del vecindario que lo manifestaban de viva voz. Pues bien con mucha diligencia y poca reflexión, nos imaginamos que desde «la ignorancia», nos salieron algunos detractores; como siempre, los «superilustrados» de algunos sindicatos, diciendo que «éramos unos ignorantes y unos demagogos», ya vemos, los muy sabidos de los comités de empresa, que «sin duda de la empresa son».

Incluso alguien, que ocultó su identificación, de la ejecutiva local del PSOE de la Robla, salió a la palestra descalificando nuestra labor e incluso a la persona de algunos de nuestros compañeros. Nos gustaría saber que intereses podría tener para manifestar públicamente lo que dijo, sin argumentos que pudiera dar sentido común alguno a lo que decía.

Pues bien, el Ayuntamiento no atendió la solicitud de sus vecinos, ni los de las poblaciones colindantes de la provincia, y menos aún los argumentos de las asociaciones que también alertaban de la grave situación en que se encontraba la salud pública.

A pesar todo, el uso de neumáticos y diferentes y diversos... materiales residuos, se siguieron utilizando como combustible en la producción de la empresa, y además en insultantes cantidades de decenas de miles de toneladas al año.

La Junta de Castilla y León, en conocimiento de los hechos, concede una licencia ambiental a la empresa, en su proceso de producción.

Esta brutal contaminación del aire, no queda solo ahí, sino que lo transporta a la agricultura, los pastos, etc..., y en consecuencia a los alimentos de la huerta y las carnes que consumimos y el agua que bebemos, habitualmente.

Voy a hacer una somera pero certera enumeración de solo algunos de estos peligros, que ya son una realidad:

Más de un millar de científicos de la Unión Europea, la ONU, profesionales de la salud y el medio ambiente se han manifestado al respecto sin ninguna ambigüedad; sobre la gravedad de los efectos nocivos de la incineración de residuos en el medio ambiente y consecuentemente en la salud, en la mortalidad y morbilidad de la población.

Así un sin fin de asociaciones —Asociación Americana de la Salud Pública, Ministerio de Medio Ambiente de Canada, Asociación Alemana de Medicina, Agencia Internacional de lucha contra el Cáncer, Organización Mundial de la Salud, etc..., e incluso la Universidad Complutense de Madrid—, unos de una manera y otros de otra coinciden en que:

La incineración de estos residuos emiten una cantidad de partículas y gases de gravísimas consecuencias para el hombre, que en el caso de La Robla es de veinticuatro veces superior a lo permitido, este hecho podemos considerarlo un genocidio comarcal contra la salud. Concretamente las dioxinas provocan un: Aumento de la mortalidad en Epoc, disminución de la hormona tiroidea hipotiroidismo, alteración de las glándulas suprarrenales y páncreas; angiosarcoma y melanoma, problemas cardiovaculares y de tensión arterial; cáncer de pulmón, colón y línfomas, malformaciones fetales; cefaleas, temblores, anorexia, ataxia. neuropatía periférica, inmunodeficiencia por inhibicion de linfocitos, etc., etc.

Contaminación que por supuesto no sufren los altos financieros de la empresa en cuestión, que son los que se llevan los beneficios, y pasan el invierno y el verano lejos de esta comarca, donde solo viven los trabajadores y comerciantes, la gente del pueblo.

Nos imaginamos que los mismos detractores de la verdad que ya lo hicieron antes, pretendan volver de nuevo a la carga, a pesar de la sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que anula las licencias de actividad concedidas en su día por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, usando la demagogia como ya hicieron en su momento, buscando un consenso con las partes para que nadie pida la ejecución de sentencia que paralizaría esta empresa. Como podríamos confiar en esta gente que ya nos engañaron una vez.

No entendemos el interés de estos personajes en negar la evidencia y no proteger a la población de estos abusos y atentados contra la salud.

Sepan que lo más importante que tenemos es la vida, y por ello si la valoramos debemos cuidarla; pero lo que nunca es de recibo es que se nos imponga al colectivo, estos innumerables peligros, sin respeto alguno, y por intereses ajenos y particulares.

También creemos que es momento de pedir responsabilidades tanto económicas como penales, contra los que de una manera u otra tienen responsabilidades. Cuanto dolor, sufrimiento y perjuicios habrán causado durante tantos años de estas prácticas.

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