Fiscalización de los partidos

No he visto referencia alguna al informe greco 2013 (Grupo de Estados contra la Corrupción) salvo en ese excelente blog Hay Derecho? que mantienen un grupo de juristas. El Grupo, creado después de que el Consejo de Europa recomendara a los Estados una serie de medidas comunes contra la corrupción en la financiación de los partidos —recomendación firmada en su día por España, por los países del Consejo de Europa y, también por terceros como Estados Unidos— ha publicado tres informes, el último en julio. La conclusión es desoladora: aunque el problema no es sólo nuestro, sino de muchos países europeos, España no ha puesto interés en reformar la financiación de los partidos y en mejorar con rigor la transparencia de sus cuentas. Y los organismos que deben controlar ese aspecto fundamental de la democracia, especialmente el Tribunal de Cuentas, carecen de medios y de disposición real para hacerlo o están mediatizados por los partidos políticos.

Decía hace diez años el Consejo de Europa que «la corrupción representa una seria amenaza para el Estado de Derecho, la democracia, los derechos humanos, la equidad y la justicia social, que impide el desarrollo económico, pone en peligro la estabilidad de las instituciones democráticas y socava los fundamentos morales de la sociedad». No le escucharon mucho los responsables de la gran mayoría de los partidos españoles y su descrédito actual viene de lejos. No es sólo que miembros destacados de la mayoría de los partidos hayan metido la mano en la bolsa. Es que no han intentado cortar esas conductas con la suficiente autoridad ni, ahora, están tomando las medidas imprescindibles para erradicar esas prácticas. Es cierto que se van a controlar mejor las donaciones a los partidos pero siguen en el limbo las donaciones a sus Fundaciones.

Pero es que, además, el Tribunal de Cuentas, que en 2013 ha aprobado las cuentas de los partidos ¡de 2008!, tampoco tiene capacidad para hacer mucho más de lo que hace, que es poco.

En resumen, que no vamos a conocer de verdad las cuentas de los partidos y que esa opacidad intencionada y el control político de los órganos que fiscalizan a o juzgan los posibles desvíos legales, pone en riesgo la democracia y el propio Estado de Derecho. Sólo un compromiso radical y una transparencia absoluta podría contribuir a devolver la confianza en los partidos.