Discursos de mentira y prácticas de verdad

Con la visita a León, el día 20 de noviembre, de la diputada nacional Concha Bravo para presentar la nueva reforma educativa el PP deja claro cuáles son sus opciones en materia de educación. Presentan su modelo educativo en centros de élite de educación privada, al tiempo que hacen oídos sordos al rechazo de toda la comunidad educativa a su contrarreforma. Y se hace así, y se hace allí, porque quieren imponer con la Lomce el diseño de una enseñanza para élites y el desmantelamiento de la educación pública que conciben como oportunidad de negocio económico e ideológico del sector privado y religioso.

La elección de un centro privado no es un gesto banal. Como tampoco el discurso que utilizó y que les han pasado a los cargos públicos, a quienes han encargado difundir su nueva doctrina educativa. Porque el gran problema que tenía la diputada del PP es que las medio verdades, las tergiversaciones, las afirmaciones sin fundamento, las falsedades contrarias a toda la investigación científica y pedagógica actual, que plagan la ley y su discurso defensivo no hubieran sido admitidas, sin contestación y protestas, en ningún centro público.

Lo sorprendente es que, con el típico neolenguaje que utiliza el PP, diciendo negro al referirse al blanco, o racionalización a lo que son recortes, defendía esta reforma alegando que evitaría el fracaso escolar o que mejoraría la educación y su calidad, cuando estos principios son claramente desmentidos por el propio texto de la Lomce. Tienen que retorcer la interpretación de su propio texto para hacerlo compatible con sus discursos engañosos y así poder dar la cara ante una parte de la sociedad afín a su ideología de segregación y selección meritocrática.

Pero las verdades son manifiestas en los gestos y las presencias. Hay gestos que muestran la verdad a pesar de toda la palabrería. El proyecto de ley de la educación la expone el PP, en el día en que en toda España se manifiesta el rechazo unánime a su reforma educativa, en un centro de educación privado porque su modelo educativo es el de la mercantilización del derecho a la educación y del cuidado de intereses elitistas para una sociedad de los privilegios. La Lomce sólo es explicable en ese contexto y sólo puede ser defendida en el lugar para el que fue diseñada.

Si viene a tranquilizar a las familias debería haberlo hecho dando la cara y dando explicaciones a los padres y madres de Felampa que se han manifestado en defensa de una educación pública que ven en peligro. Ha ido sin embargo a tranquilizar a los padres y madres de un centro de educación privada donde no existe ninguna preocupación.

Sólo en un centro privado se puede seguir diciendo que no se han recortado fondos a la educación, sino que se ha «racionalizado» el gasto. No se puede decir esto a los padres, madres y docentes de la Escuela Pública que sufren la ya insoportable degradación de las condiciones en las que los alumnos y alumnas reciben su educación. ¿Qué «racionalización» es, por ejemplo, que los alumnos y alumnas tengan que esperar quince días hasta que se cubra la baja de un profesor?

Sólo en el contexto de un centro privado de élite se puede hablar de racionalización de la oferta educativa o se puede justificar la Lomce con el argumento de que facilitará a las familias la «libertad» de seleccionar el centro que más ventajas competitivas le dé a sus hijos e hijas en el futuro mercado laboral. Son los partidarios de la privatización los que pretenden convertir la preferencia de selección de colegio en un derecho fundamental. Detrás de estos argumentos se esconde el rechazo de los privilegiados a la igualdad social, su rechazo a educar a sus hijos e hijas con los que no son de su misma clase. Un argumento que esconde la intención de dar a los centros privados la posibilidad de seleccionar a sus alumnos y alumnas.

La atención a la diversidad, las necesidades educativas específicas, los que tienen dificultades de aprendizaje no tienen sitio en un centro privado, porque estos centros no atienden a esos problemas. Sólo admiten a quienes tienen éxito escolar o dinero para pagarlo, pues atender a toda la pluralidad y diversidad de la población les haría bajar en el ranking de la élite. Y bajaría su demanda por parte del público selecto que verían como sus hijos e hijas se «mezclan» con quienes no consideran «adecuados». Esto es lo que está detrás del argumento de la «cultura del esfuerzo» que promueve el PP. Esta mentalidad plasmada en la Lomce esconde una concepción selectiva del alumnado que pasa a valorar el rendimiento académico de acumulación de conocimientos, la calificación y la competición frente a la evaluación y el apoyo al desarrollo personal. Todo como si la educación fuera una jungla donde sólo sobreviven los más fuertes y salvajes, que son capaces de superar las incesantes pruebas, reválidas y exámenes que se les ponen para ir seleccionando y depurando la «raza» de los ganadores.

El discurso de la diputada disfraza la realidad de una ley que busca deteriorar el sistema público, lo cual es la mejor garantía para asegurar el éxito de la privada. No quiso explicar por qué la Lomce significa gestión antidemocrática de los centros, al modelo del estilo empresarial que quieren importar a los centros, o por qué su partido ha asumido de forma entusiasta, en una sociedad constitucionalmente aconfesional, las presiones de la jerarquía eclesiástica.

La diputada y el PP han dejado clara su apuesta por una educación de primera (privada) y otra de segunda (pública). Frente al dilema que nos imponen, concebir la educación como un derecho para todos y todas o un privilegio para una élite, su apuesta es clara, pero la nuestra también. Por esto IU refuerza su compromiso con la educación pública y promoverá medidas de rechazo activo a la Lomce, iniciando una campaña de insumisión a esta ley que conculca los derechos humanos y constitucionales, y el propio derecho a una educación de todos y para todos.