El fantasma de Pi i Margall

Junio de 2012. El ex ministro Pérez Llorca va a pronunciar la conferencia de clausura del cursillo que, sobre el bicentenario de la Constitución de Cádiz, organiza la Asociación de ex Diputados y Senadores. El acto es en el Congreso, del que aquél fue también presidente. Tenía previsto hacer un paralelismo entre la constitución gaditana y la actual, con un sugestivo título: un mismo viento impulsa dos velas... Pero llegado el momento renunció a decir lo que tenía escrito con palabras ciertamente inquietantes en el sentido de que, por estar en un fin de ciclo, no era procedente aproximar ambos textos.

Junio de 2013. Juan José Laborda, ex presidente del Senado, pronuncia otra conferencia sobre su posible reforma en otro cursillo organizado por la misma asociación. Según él, el actual Senado puede ser suprimido porque no funciona, pero inmediatamente habría que instaurar otro que evite algo que ahora ocurre y no debería ocurrir: que los diputados actúen con sentido territorial, asumiendo el papel de senadores.

Treinta años atrás, primavera de 1982. En el Hostal de San Marcos de León, el entonces ministro de UCD Manuel Núñez Pérez tiene un coloquio algo informal con un grupo numeroso de personas. Alguien le pregunta si cree que España podrá asumir el coste de las autonomías que ha establecido la Constitución de 1978 y si eso acabará con las ansias soberanistas de catalanes y vascos. Un lacónico «intentaremos que así sea» fue la respuesta.

Con diferente perspectiva temporal y política, la aparente disparidad de las opiniones que acaban de referirse converge en algo que hoy lleva camino de convertirse en un clamor: la Constitución de 1978 ha dado de sí todo lo que podía dar. Los tres aspectos señalados no son tangenciales, sino el meollo mismo del ser y del existir de nuestra Constitución actual. Y en tal tesitura, quien sabe algo de nuestra Historia tiene presente que cuando en 1836 se volvió a proclamar la vigencia de la Constitución de Cádiz, hubo que alumbrar una nueva un año más tarde dada la imposibilidad técnica y política de poner por obra a aquélla. Pero como el texto de 1837 fue obra de los progresistas y la consecuencia de un motín, los moderados aprobaron en 1845 un texto casi idéntico, pero elaborado por ellos. Fruto de tan lamentable error político ha sido la inestabilidad constitucional, ya que gobiernos de signo diferente pretendieron cambiar de constitución cada pocos años de vigencia de la que en ese momento tuviese vigor. La sucesión de textos es desoladora: proyecto de Bravo Murillo de 1852, Constitución non nata de 1856, la del Sexenio de 1869, proyecto republicano-federal de 1873, Constitución de la Restauración de 1876, proyecto de Primo de Rivera de 1929, Constitución de la República de 1931, Leyes Fundamentales y Constitución de 1978.

¿Ha de cambiarse ahora la Constitución, aún a riesgo de que dentro de unos años o de pocas décadas vuelva a hacerse lo mismo con el texto que pudiera aprobarse? La respuesta es más compleja de lo que a primera vista parece. Para empezar, hay que poner encima de la mesa qué es lo que no ha funcionado, sin dejarse llevar de eslóganes o consignas que ahora, como en 1873, vienen de ciertos ambientes catalanes, que vuelven a clamar por el federalismo de entonces como panacea de todos los males políticos de ahora.

Un estado federal se constituye por agregación de estados soberanos que se agrupan en beneficio mutuo, cediendo competencias a un estado central. Pues bien, en 1873 como ahora, el camino es exactamente contrario: por vía de disgregación, con la agravante de que hoy ya existe un Estado de las Autonomías que —a un altísimo coste para todos los españoles— puede dar y da más que sobrado cumplimiento a las aspiraciones de autogobierno de los distintos territorios. Pero los que abiertamente se proclaman nación quieren más —adivine el lector a qué me refiero— y los que andan con la lengua fuera tras de ellos exigen la instauración de un estado federal, aún a sabiendas de que los que quieren más no dejarán de aspirar a ser soberanos, ni se conformarán con menos.

Así pues: ¿es realmente una panacea el federalismo?, ¿qué es lo que va a aportar de positivo ahora?, ¿hay que contentarse con que a lo mejor pueda servir para que los separatistas dejen de reclamar la separación?, ¿justifica tan pobre y desenfocado objetivo una reforma drástica de la Constitución como la que se reclama? En el sentir de muchos que tienen responsabilidad política o simplemente sentido común, desde luego que no.

Toda obra humana es perfectible y nuestro texto constitucional no escapa a este axioma. Algunas reformas —muy puntuales— se han hecho, sin querer abordar nunca otras que son más necesarias y de mucho mayor calado. Así, un nuevo texto debería atribuir la representación política a la sociedad civil articulada en partidos; no como ahora, cuando los partidos ahorman a la sociedad civil. De modo que para la elaboración de cualquier lista electoral o cargo de gobierno no se tienen en cuenta criterios de conveniencia política identificada con el bien común, sino que se deciden en oscuros despachos, para premio de aparentes amigos y castigo de presuntos desafectos.

No se suprima el Senado, porque no es una buena idea: ningún país de nuestro entorno es monocameral. Pero désele el papel de representación territorial que debe tener, atribuyéndole la capacidad de veto que actualmente sólo tiene el Congreso. Redefínanse las competencias intransferibles a las comunidades autónomas, recuperando las que el nuevo texto mencione como no transferibles. Establézcase el carácter punitivo de la pena al mismo nivel, cuando menos, que la reinserción, porque tal buenismo ha sido deletéreo para la justicia y la paz social. Y por último establézcase con claridad la responsabilidad personal y patrimonial de los que gobiernan, para acabar con la impunidad que la sociedad percibe frente a tantos casos de corrupción.

A partir de ahí sí, muchos españoles estarían dispuestos a apoyar una reforma de la Constitución del 78. Pero no para volver a revivir el espíritu de Pi i Margall; ni menos aún el de Antonete Gálvez.