Asistencia debida

Un gobernante decimonónico, de perfil moderado y con abundante kilometraje diplomático, expresó su convicción de que las reformas administrativas son las únicas que producen de inmediato felicidad y dicha en la gente. Pero ese júbilo lo nubla casi siempre el procedimiento, como está sucediendo con la abrupta Reforma Local de Montoro, que navega por el boletín aplacada y envuelta con matizaciones de adorno: racionalización y sostenibilidad. Una ley básica tramitada sin contemplaciones, sembrando de amenazas el campo de la concordia. A los leoneses nos afectó muy crudamente el intento de llevarse por delante las entidades que gobiernan los bienes e intereses de nuestros pueblos. Que no son un tampón y la vara de medir quintos, sino la propiedad y gestión de montes y ejidos y la limpieza o mantenimiento de caminos y turnos de riego. Un legado centenario que no está en almoneda, como quiso hacernos creer entonces el gobierno.

Ayer viernes, los grupos de oposición presentaron un recurso de inconstitucionalidad a la Reforma Local, porque atenta contra competencias autonómicas y vulnera la autonomía municipal. Por su parte, la Junta de Castilla y León aprobó el jueves un decreto ley de medidas urgentes, que entrará en vigor el lunes, destinado a clarificar el impacto de la Reforma Local y, sobre todo, a salvaguardar la prestación de servicios públicos por parte de los municipios, previendo situaciones indeseables que su aplicación puede plantear. Fundamentalmente, para evitar el naufragio en materias tan sensibles como la educación, la sanidad o los servicios sociales, que hasta este momento llegan a la gente con la colaboración de los ayuntamientos. La norma paliativa de la Junta, que convalidarán las Cortes en su pleno de San Amancio, el 8 de abril, va acompañada de una circular explicativa destinada a los ayuntamientos, en la que se detallan sus competencias básicas, así como las atribuidas por delegación o complementarias.

Se trata, en definitiva, de garantizar el mantenimiento de los servicios, despejando el barullo creado por este turbión normativo, de manera que no se produzcan vacíos en la asistencia debida, y también de clarificar el horizonte inmediato de atribuciones y expectativas. Porque la reforma Montoro irrumpe sin mochila económica, a la espera de que se negocien la financiación autonómica y la local, que arrastra un retraso de más de treinta años. Hasta entonces, todo lo que no es poda, contribuye a la confusión, como esa taquilla de dictámenes preceptivos para evitar duplicidades y acreditar el sosiego financiero de los ayuntamientos que aspiren a nuevas competencias. Pero, ¿de qué país hablamos? En ese contexto adquiere su dimensión el paraguas municipalista de la Junta.