Sanidad: uso, abusos y responsabilidad social

Al hilo de la polémica desatada sobre la posibilidad de implantar una tarjeta sanitaria por puntos que, al igual que el permiso de conducir, penalice a quien se extralimita en el uso de sus derechos hasta convertirlo en abuso y quien haga una utilización irresponsable de los recursos y los servicios públicos, la Gerencia Regional de Salud dio a conocer un balance según el cual en un año se vio obligada a cancelar 428.000 consultas de especialistas (el 10% del total) porque los pacientes no acudieron a su cita y tampoco la anularon. Aunque no hay —o no se dan— datos sobre la distribución provincial o por áreas de salud, es más que previsible que una quinta parte de ellas correspondan a León.

Por ese mismo informe de Sacyl sabemos también que el 12% de las urgencias que atienden los servicios hospitalarios deberían ser tratadas en los centros de atención primaria. Esas cifras, que en un análisis simple avalan a quienes defienden cobrar a los ciudadanos por hacer un mal uso del sistema sanitario público, sí avalan al menos la conveniencia de abrir un debate sobre esa cuestión y sobre la necesaria concienciación de los ciudadanos. Cualquier decisión sobre este asunto debe ser intensamente debatida, pero siendo siempre conscientes de que la sostenibilidad de la sanidad pública, cuya calidad debe ser una reivindicación permanente, pasa no sólo por exigir a la administración una buena gestión de los recursos, sino también y sobre todo por la necesidad de hacer un uso responsable de los servicios.