Justicia universal y narcotráfico

Por si no tuviéramos suficiente con la que está cayendo en España, nos ha llegado un nuevo problema de calado. Otro más. La realidad geoestratégica de la península ibérica es ignorada de modo asombroso por el Gobierno, mediante la reforma exprés de la justicia universal que venía operando en nuestro país con excelentes resultados en la lucha contra la criminalidad organizada transnacional.

Su modificación ha hecho que los narcotraficantes se froten las manos frente a nuestras costas. Unos, porque con la variación de la ley pueden traficar impunemente en alta mar, contemplando sin agobios los 8.000 kilómetros de litoral que rodean España. Otros, porque en aplicación de la reforma legislativa se les ha puesto en libertad después de haber sido detenidos a bordo de buques cargados con miles de kilos de cocaína, hachís o heroína, y posteriormente sentenciados por los tribunales a largas penas de prisión. Decenas y decenas de narcos han tenido que ser excarcelados sin cumplir sus condenas, habida cuenta de la retroactividad de la reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Según este cambio, los jueces españoles no pueden perseguir a narcotraficantes extranjeros cuando viajen en embarcaciones que naveguen más allá de 12 millas marinas de nuestras costas si el barco, a pesar de llevar las bodegas repletas de toneladas de droga, carece de bandera española (porque la hayan tirado al agua junto a la documentación, por ejemplo) o no se pueda acreditar que su destino sea España.

Así las cosas, ¿alguien cree que a un narcomafioso le va a escocer la conciencia por descolgar la bandera del mástil o izar una de conveniencia, jurar que la droga no es suya o que la infraestructura tampoco tiene nada que ver con nuestro país?

Si tomamos el mapamundi en las manos, con una simple mirada de neófito vemos que, en efecto, la situación de la península ibérica ha sido, es y seguirá siendo crucial por los siglos de los siglos.

Las bandas, los clanes, las redes, los cárteles, las mafias y otros grupos criminales internacionales lo saben de sobra y actúan sobre el terreno.

España se encuentra a escasos 15 kilómetros del continente africano y, por consiguiente, en ruta con el Magreb, el Sahel y la zona afrotropical. En el estrecho de Gibraltar se produce la unión del Mediterráneo con el Atlántico, una de las vías históricas de navegación más importantes del mundo. Por el norte, el Cantábrico ejerce de mar litoral del Atlántico que baña ese sector cardinal. En el oeste nuestros vecinos y amigos portugueses con su inestimable franja ribereña. Por si fuera poco, desde la incorporación a la Unión Europea somos frontera exterior del espacio Schengen de libre circulación. Añádase, además, el viejo concepto sentimental, idiomático y de arraigo de «madre patria» con Latinoamérica y dos realidades tangibles: el peñón de Gibraltar con su paraíso fiscal y la siempre discreta Andorra. ¿Cabe mayor efecto llamada? Sí, varios factores más. Ceuta y Melilla fronterizando con Marruecos, el archipiélago canario mirando directamente al Sáhara y las Baleares en pleno Mediterráneo. Los cincuenta y cinco millones de turistas foráneos que nos visitan cada año ponen la guinda a este pastel que las mafias anhelan sin disimulo.

Esta idiosincrasia geoestratégica la conocen a la perfección las «multinacionales de la droga» y la explotan. Una idea del colosal negocio que tiene establecido el «crimen sin fronteras» lo dan las cifras ministeriales.

El año pasado los cuerpos de seguridad españoles decomisaron 325 toneladas de hachís y 21 de cocaína. En el mismo lapso de tiempo detuvieron a 21.000 traficantes. Y ello teniendo en cuenta que se captura un veinte por ciento de lo que se mercadea, aproximadamente. España es sin duda una de las principalísimas puertas de entrada de droga a Europa, a pesar de la eficacia policial en su desarticulación.

La ONU ya dejó clara la dimensión del drama en uno de sus últimos informes oficiales: «El narcotráfico y su criminalidad constituyen una de las 20 mejores «economías» del planeta».

Con todo, el Gobierno propuso y se aprobó por vía legislativa de urgencia, sin dictamen del Consejo General del Poder Judicial ni del Consejo de Estado, una reforma de la ley cuyas consecuencias obligan a excarcelar a decenas de narcos convictos y deja sin competencia ni jurisdicción a jueces, y por extensión a policías, en estas circunstancias concretas. El agujero de impunidad que se ha creado en la lucha contra el narcotráfico resulta tremendo. Alguien debería explicarle, verbi gracia, al Colectivo de Madres contra la Droga el porqué de este despropósito. No resolver los problemas es garantizar otros mayores. A la vista está.