EDITORIAL: Un necesario y responsable recorte de la administración
La Junta de Castilla y León reducirá a la mitad los actuales 110 órganos administrativos con la puesta en marcha en enero del próximo año de 69 medidas y de la futura ley para la reforma de la administración autonómica, aprobada ayer por el Consejo de Gobierno y que será tramitada por la vía de urgencia en las Cortes. No es un asunto menor, puesto que supondrá un ahorro nada despreciable de 311 millones de euros. La medida viene a corregir la eufórica y desmedida creación en años precedentes a la crisis de todo tipo de órganos, consejos y observatorios de escaso contenido y cuyas funciones son confusas cuando no se solapan.
La normativa marca un plazo de tres meses para el desarrollo de los órganos de participación de los empleados públicos, una cuestión que, lo mismo que todo lo relativo a las garantías laborales del personal, debe ser tratada con especial cautela y resuelta más con acuerdos que por la vía del decreto puro y duro.
La simplificación de la administración debe tener como objetivo su racionalización y modernización, pero tiene que hacerse sin merma de la participación de los empleados públicos y sus representantes, de manera que esos órganos resulten fortalecidos a partir de la diversidad de la aportación y la adopción de medidas concretas que permitan reducir el número de ellos, unificar los que tienen materias y composición similar y estructurar su funcionamiento. Porque más allá de esa importantísima reducción del gasto debe haber otro tipo de ahorro en tiempo y personal que es difícil de cuantificar. En toda Europa la crisis está provocando la concentración de servicios y la simplificación de su funcionamiento, tendencia que debe ser afrontada en las administraciones central y autonómicas, pero también en las más cercanas, con el objetivo de avanzar en la racionalidad, las economías de escala y, por supuesto, también en el ahorro.