Encuestas

Todo indica que han pasado los tiempos en que las grandes democracias escenificaban una pugna permanente entre dos potentes proyectos ideológicos, contrapuestos pero compatibles, que se turnaban al frente del gobierno y hacían progresar el Estado, modulando los cambios y generando una clara dirección de avance. Hoy, en nuestro país, es dudoso que los grandes actores políticos vayan a lomos de verdaderos proyectos ideológicos. Más bien parece que las grandes decisiones se adoptan a la luz de las encuestas de opinión, que marcan las preferencias del electorado, y acto seguido se recurre a los expertos en mercadotecnia —a los psicólogos políticos, en una palabra— para que elaboren la respuesta a las demandas de la opinión pública, que se aplicarán puntualmente para intentar conseguir el consecuente respaldo electoral.

Las elecciones del 25 de mayo fueron un gran fracaso para los dos grandes partidos españoles. El PP, que las ganó, obtuvo apenas el 26% de los votos emitidos, en medio de una gran abstención (el PSOE quedó todavía en peor posición, con el 23%), pese a lo cual la formación gubernamental consiguió salvar la cara y disimuló su estrepitosa caída. Sin embargo, los profesionales del análisis político debieron darse cuenta de lo peligroso de la situación y urgieron una reacción potente a la colosal pérdida de popularidad.

Tal reacción se ha producido, efectivamente, y ha consistido en el anuncio de la reforma fiscal. En su programa, el PP propuso una revisión integral de toda la política fiscal, y para ello convocó a un comité de sabios —el comité Lagares—, que presentó hace meses unas voluminosas conclusiones que postulaban una reconversión profunda del sistema. Finalmente, la reforma planeada por el Gobierno no es más que el reacomodo de la vieja política fiscal, modulada para aliviar la carga a las clases medias e inferiores. y para liberar a los más ricos de la sobrecarga extraordinaria en el IRPF que se les impuso en 2012, como medida de emergencia para contener el déficit. Lo que se ha buscado, es, pues, seducir con fines electorales. Y no ordenar internamente la economía del Estado, establecer una correspondencia racional entre las políticas de ingresos y gastos, optimizar el sistema fiscal para que frene lo menos posible el crecimiento.

Nuestra política no tiene, en fin, el mejor rapto de grandeza. El objetivo último de los desvelos del establishment no es el interés general sino la victoria electoral, y ello es así descarnadamente, sin que surja siquiera un atisbo de mala conciencia que obligue a dar explicaciones o a justificar la estrategia. Es tan evidente que, en esta política de vuelo bajo a la que estamos asistiendo, el fin justifica los medios, que lo que resulta difícil de entender es cómo no se ha extendido más la desafección, que ha impulsado a muchos a dar la espalda a la ceremonia pública, no para abdicar de la democracia sino para exigir su completa renovación.