Crisis de valores y crisis de valor

Se suele hablar mucho de crisis valores en estos tiempos tan duros que nos ha tocado vivir. Pero yo diría que habría que hablar más bien de crisis de valor o, lo que viene a ser lo mismo, de cobardía generalizada. Los que tenemos de cincuenta años para abajo somos una generación cómoda, completamente ajena a conceptos tales como lucha social, defensa de los derechos y libertades, etcétera.

Nacimos con la democracia (o casi) y, como consecuencia de ello, estamos acostumbrados (demasiado) a ver tales derechos y conquistas sociales como algo obvio, consustancial al ser de las cosas, como puede ser el respirar. Pero no es cierto. No acabamos de asimilar la idea de que los derechos no se dan; se conquistan y luego hay que estar dispuestos a luchar con uñas y dientes para defenderlos, si aspiramos a mantenerlos. De lo contrario, nos irán despojando de ellos gradualmente, primero de forma paulatina, luego de forma más acelerada en la medida en que no se produzca ninguna reacción ante los sucesivos abusos de poder.

Es el proceso en el que nos hallamos inmersos ahora, y corremos el peligro de quedar desposeídos del todo y de todo, si no hay respuesta social contundente frente a tanto latrocinio intolerable por parte de la oligarquía que detenta el poder, con la connivencia de nuestros gobernantes. La indiferencia o el miedo nos paralizan a la hora de emprender cualquier acción. «Virgencita, que me quede como estoy», suele ser el mantra consolidado entre los miembros de una ciudadanía anestesiada, que o bien teme perder lo poco que tiene, o bien considera que a ellos no les va tocar.

Craso error, porque está demostrado en otros ámbitos, como por ejemplo el de la violencia machista o el del acoso escolar, que la actitud claudicante por parte de quien soporta los abusos, contribuye precisamente a alimentar la contumacia del agresor. Y así se va desmontando nuestra así llamada sociedad del bienestar tornillo a tornillo, ante el asombro pasmado y bobalicón de quienes asistimos al espectáculo de nuestra propia inmolación sin mover un solo dedo por evitarlo.

Una excepción a la regla la constituye Ramiro Pinto Cañón, quien desde el pasado día 15 de Julio, se declaró en huelga de hambre a las puertas del ECyL, en Gran Vía de San Marcos, en defensa de los derechos del que sin duda es el colectivo más débil y castigado por la actual crisis: el de los parados que no perciben ningún tipo de prestación. Recientemente le ha sido arrancado a él mismo este último jirón de dignidad y justicia social. Habrá quien interprete erróneamente su gesto, considerando que éste viene inducido por motivos de índole exclusivamente personal, pero está claro que el que piense así no conoce bien a Ramiro.

Su lucha en contra de la injusticia y a favor de los más débiles es de largo recorrido. De hecho, un alto funcionario del Ministerio de Trabajo le ofreció una solución particular para su problema y él la rechazó, negándose a cualquier componenda que no pase por la total erradicación de lo que es una injustica flagrante. Porque ha de saberse que el caso de Ramiro Pinto no es, ni mucho menos, un hecho aislado (lo cual sería de por sí algo deplorable), sino una tendencia tan consolidada como alarmante en la política social de la Junta de Castilla y León, que durante el pasado año 2013 denegó casi 20.000 de las más de 34.000 solicitudes presentadas para la percepción de una Renta de Inserción Ciudadana, ayuda destinada a los parados que no perciben ningún tipo de prestación y que se halla cifrada en torno a los 400 euros.

Es una vergüenza y un escándalo el que se le escamotee a Ramiro o a cualquier otro ciudadano una cantidad tan exigua, que ni siquiera llega para cubrir las necesidades más elementales, máxime cuando la partida destinada a subsanar esta carencia se halla claramente especificada en los Presupuestos Generales de la Junta de Castilla y León. ¿Adónde ha ido a parar, entonces, nuestro dinero?

Entretanto, sigue habiéndolo a espuertas para llevar a cabo los rescates bancarios, los rescates de las autopistas, o para acometer proyectos de obra pública faraónicos, como los túneles del AVE en el puerto de Pajares, cuya ejecución triplica ya el presupuesto previsto inicialmente. No podemos permanecer indiferentes a esta situación por más tiempo, y desde estas líneas quisiera, no sólo apoyar la causa de Ramiro Pinto, sino también instar a la movilización ciudadana en defensa de los derechos de un colectivo especialmente desprotegido y sensible a los abusos, al carecer, a diferencia de otros, de órganos o asociaciones específicas que canalicen sus reivindicaciones. La inacción o la pusilanimidad únicamente contribuirán a empeorar las cosas. Como dijo Henry David Thoreau hace más de 150 años: «Hemos agotado todo el caudal de libertad que heredamos. Si queremos conservar nuestras vidas, hemos de luchar por ellas».