EDITORIAL: Máximo rigor para perseguir los abusos en el trabajo

La coyuntura tan complicada que se vive en España en materia de empleo hace que muchas personas se vean sometidas a situaciones tan al límite que de algún modo les invitan a aceptar condiciones laborales que van más allá de la legalidad. Y precisamente para evitar estos abusos se hace más imprescindible que nunca una acción decidida de la Inspección de Trabajo, para conseguir que esas personas vulnerables tengan garantizados sus derechos para que nadie pueda tener empleados a su cargo de manera irregular sin pagar por ello. El daño que genera la economía sumergida es demasiado grave para todos, para las víctimas directas que ven limitados injustamente sus derechos y también para el conjunto de la sociedad que paga su bienestar con cargo a las aportaciones tributarias que tenemos que realizar todos.

El dato de que las infracciones por economía irregular alcanzan a 2.300 trabajadores en la provincia es alarmante, porque hace totalmente evidente que el grave problema de economía sumergida que padece España no se está corrigiendo de manera eficaz. Ese cortoplacismo basado en el egoísmo de quienes no contribuyen al bienestar de todos es hoy por hoy un lastre para que el país pueda solventar ese terrible problema de desempleo que arrastra desde hace demasiado tiempo.

Es inaceptable que en pleno siglo XXI exista un ataque tan importante hacia los derechos de los trabajadores porque el tiempo y los datos evidencian que no es cierto que existan empleos que sólo existen si son irregulares.

La Inspección de Trabajo debe actuar con el máximo rigor para combatir esa precariedad laboral porque en dos años han sido 2.000 los empleos que se han regularizado gracias a su acción contra quienes no respetan las normas y apuestan por la injusticia.