Un impuesto añadido para los vehículos

En Castilla y León los conductores pagan por las inspecciones técnicas de sus vehículos las tasas más elevadas de España. Una situación que difícilmente puede explicarse porque no existe ningún tipo de dato objetivo que así lo justifique. Las tasas que se abonan en las ITV por unas revisiones que son obligatorias para todos los automóviles se convierten de manera directa en un impuesto a mayores que pagan los ciudadanos y también los profesionales del transporte por carretera tanto de personas como de mercancías. Y grabar así a los ciudadanos supone automáticamente elevar la presión fiscal que tienen que soportar y sobre la que ya han existido ejemplos de excesos como en el caso del polémico céntimo sanitario. La Junta está obligada a reconsiderar las tasas que establece porque la denuncia de Facua pone en evidencia que algo se está haciendo mal, cuando se genera una discriminación tan grave entre los territorios.

Y si a ese dato se une la presión que sufren los conductores que circulan por la provincia de León con la acumulación de radares parece que las quejas de la ciudadanía están justificadas. Es verdad que la mayoría de los controles están centrados en vías de alta capacidad como son las autovías Madrid-Coruña o la conexión hacia Asturias, pero esas conexiones forman parte también del entramado de la propia provincia, por lo que afecta a sus movimientos internos.

Los radares y la vigilancia policial son necesarios para que los que no cumplen paguen por ello. Pero también deben existir unos niveles que hagan razonables esos controles porque la presión debe realizarse sin excesos ya que entonces al ciudadano le puede surgir la duda de si todo al final se debe a una cuestión recaudatoria.