La regeneración democrática

El PP tiene pendiente desde hace meses la tramitación de dos reformas legales tendentes a luchar contra la corrupción, varias veces aplazadas en su trámite parlamentario y finalmente reconducidas a este septiembre: el estatuto de los altos cargos y la reforma del Código Penal. Y el PSOE, activado por la renovación integral de su cúpula, ha irrumpido en los medios para anunciar nuevas iniciativas. Sólo mediante un gran esfuerzo de los dos principales partidos, ambos podrían recuperar siquiera una parte de la credibilidad perdida antes de las próximas elecciones generales de finales de 2014 o principios de 2015. En la hora actual, la financiación ilegal del PP y los EREs andaluces del PSOE mantienen bajo mínimos el crédito de las formaciones que han sostenido hasta ahora el bipartidismo en este país. Y que nadie diga que ya se ha trabajado suficientemente en la consecución de la transparencia: el fiscal anticorrupción Horrach, conocido por su papel en el ‘caso Urdangarin’, acaba de declarar que las fuerzas políticas no han incluido todavía la financiación ilegal de los partidos en el Código Penal porque no les interesa. Ha habido hasta ahora una silente complicidad entre las principales fuerzas parlamentarias para correr un tupido velo sobre la corrupción.

El nuevo equipo socialista, que todavía no ha tomado decisiones formales al respecto, sí ha avanzado algunas ideas inéditas que han de ser necesariamente bien recibidas. Una primera es un cambio en el sistema de designación de cargos institucionales por el Parlamento y por mayorías cualificadas. El sistema pretende, en teoría, que los elegidos no sean solo apoyados por un partido, con el que se identificarían, sino por más de uno, lo que indicaría su independencia y su posición transversal, suprapartidaria.

La propuesta socialista —inédita, porque el PSOE siempre digirió con naturalidad el sistema de cupos hasta ahora— consistiría en un nuevo modelo por el cual los aspirantes a puestos institucionales deberían presentar su candidatura y someterse al examen de una comisión formada por expertos adscritos a las cámaras. Finalmente, se procedería a la elección parlamentaria.

La segunda iniciativa es la reforma de la ley de Partidos. No es el PSOE la única formación que plantea esta propuesta, que apuesta por una ley parecida a la alemana, que regula con pormenor el funcionamiento interno y la financiación de los partidos. Entre otros criterios se introducirían las primarias para la selección de candidatos, la paridad de las listas, la limitación de mandatos y la implantación de un código ético común. Hay mucho por hacer en este ámbito. Si no se tiene éxito en este designio, las elecciones generales próximas pueden ser las del final del bipartidismo y las primeras de un nuevo modelo democrático ignoto que hará tabla rasa del pasado.