De caciques anda el juego: el pucherazo

Izquierda Unida, el 15M y muchos movimientos sociales vienen planteando la necesidad de cambiar el sistema electoral, porque al no ser proporcional no es justo ni democrático, y siempre favorece a los partidos mayoritarios. El sistema electoral español no se diseñó en la negociación de la Constitución, sino que procede de un gobierno, por entonces aún franquista, que pretendía evitar que se repitiese el sistema de grandes coaliciones y con ello frenar el peso de la izquierda, en especial en las grandes ciudades.

En las últimas elecciones europeas del 25M el Partido Popular perdió casi 7 millones votos respecto a las elecciones generales de 2011. Pasó de la mayoría absoluta a solo un 26%, que equivale al 11% del censo electoral. Además el bipartidismo pasó de sumar más del 80% a menos del 50%.

Estos datos implican que pueden perder las elecciones de 2015 y lo saben. A partir de aquí empieza la maquinación.

Al final, la ocurrencia es romper las reglas del «juego democrático», ya demasiado amañando con la ley Electoral y la regla D’Hondt, para mantenerse en el poder en el último tramo de un partido, a diez meses de las elecciones.

Todo el mundo sabe que el Sistema D’Hont es radicalmente injusto, al favorecer a las grandes fuerzas políticas en perjuicio de las minoritarias. A modo de ejemplo, con apenas 30.000 votos puede obtenerse en Soria un escaño para el Congreso de los Diputados, y en Madrid precisaría más de 140.000 votos.

En el caso de San Andrés del Rabanedo, en las últimas elecciones municipales el Partido Popular sólo necesitó 563 votos para obtener un concejal, mientras que IU tuvo que ser respaldada por 878 votos para obtener también concejalía. Casi el doble de votos le cuesta en nuestro municipio de San Andrés del Rabanedo a un partido que está en minoría obtener una representación en este Ayuntamiento que al bipartidismo que es mayoritario.

Todas estas anomalías han sido reiteradamente denunciadas por las fuerzas minoritarias, y en especial por Izquierda Unida, pero les han venido muy bien a las dos grandes fuerzas políticas, al haberse consolidado el bipartidismo del PP-PSOE, y su alternancia, y se ha rehuido cualquier debate serio para cambiar de verdad y en profundidad nuestro sistema electoral, para que cada voto tenga el mismo valor, pues solo así se consigue una democracia real.

Pero cuando el bipartidismo está tocado de muerte, lo que ya se ha percibido en las últimas elecciones europeas, el PP ha tenido la ocurrencia de modificar la Ley Electoral, pero no en su conjunto, sino limitándola a lo que pueda perjudicar a su partido en las próximas elecciones municipales, que puede traducirse en la pérdida de alcaldías en decenas de grandes ciudades españolas.

El Partido Popular no quiere escuchar las demandas de la ciudadanía en un momento de crisis y emergencia social. La gente quiere trabajo, servicios públicos y actuación beligerante contra la corrupción. Por más que el Partido Popular se empeñe en denominar la elección directa de alcaldes y alcaldesas con el eufemismo de medida de regeneración democrática, esto no es una demanda social real.

Pero ésta es la guinda de una legislatura en la que se han ido aprobando a través de Decreto ley normativas que eliminan la democracia en la práctica. Quizás, una de las decisiones más sangrante ha sido el que los presupuestos municipales, los planes de ajuste y las más importantes decisiones económicas de un Ayuntamiento si no se aprueban en Pleno, donde hay representación de todos los partidos políticos elegidos por la ciudadanía, se podrán aprobar de forma arbitraria por la Junta de Gobierno donde solo está el equipo de gobierno. Es decir ya han ido recortando democracia y esta sería la guinda del pastel para que todo quede «atado y bien atado». Esto hace pensar que el establishment está preocupado por la posible pérdida de poder político.

Lo que ellos denominan en su neolenguaje «regeneración» no es otra cosa que un intento de aferrarse al poder, es decir, la vuelta al presidencialismo caciquil, prohibiendo las coaliciones postelectorales.

Lo cual supone impedir que se exprese la voluntad mayoritaria del electorado a la hora de configurar los equipos de gobierno.

Además, la atribución del alcalde o alcaldesa a la lista más votada llevaría a la paradoja de que podría haber alcaldes y concejales que hubieran obtenido menos del 20% de los votos y, por tanto, no contarán con el apoyo de más del 80% de los vecinos y vecinas. Por el contrario, ¿por qué no va tener legitimidad un alcalde que represente a una coalición de partidos si están de acuerdo en los principios que debe regir las decisiones políticas que se toman en el modelo de sociedad que se quiere promover y que marca el programa? La democracia también es negociación, pacto, seguimiento, revocación, etc.

Lo que está claro es que no es «regeneración democrática», sino «degeneración democrática». Puesto que el PP con esta ley no busca arrojar luz sobre el caso Gürtel o expulsar a sus imputados o prohibir las donaciones de empresas a los partidos o ampliar los medios policiales y judiciales contra la corrupción.

Al contrario, su oferta «regeneradora» pasa por la elección directa de los alcaldes. ¿Son acaso menos corruptos los alcaldes que gozan de mayorías absolutas frente a los equipos de gobierno de coalición de varios partidos?

Porque lo que hay realmente detrás de este pucherazo electoral es un asunto económico de fondo: mantener y asegurar el poder municipal para garantizar la aplicación de los planes de ajuste que están desmantelando el Estado Social en los municipios.

Esta reforma es un medio para mantener el programa de reformas estructurales en todos los ámbitos de la administración pública.

Lo que debe plantearse el Gobierno y el conjunto de las fuerzas democráticas es cambiar la actual ley Electoral, que es tan injusta que exige tres y hasta cuatro veces más votos por diputado a los partidos minoritarios que a los mayoritarios. Esa es la urgencia y no la búsqueda de ventajas electorales.

La democracia española se basa en el parlamentarismo, no en el presidencialismo caciquil y por ello la apuesta por la regeneración democrática pasa por que todos los votos valgan igual y por ello la modificación de la ley electoral debe ir dirigida a más democracia y no a menos.