Las cinco razones de la Ley de Reforma Electoral

La primera clave para explicar esta reforma, como analizan todos los expertos, tiene que ver con los recientes resultados de las elecciones europeas. El 25 de mayo el PP perdió casi 7 millones votos respecto a las anteriores elecciones generales de 2011. Pasó de la mayoría absoluta a solo un 26%, que equivale al 11% del censo electoral a nivel estatal. Además el bipartidismo pasó de sumar más del 80% a menos del 50%. Las izquierdas tuvieron más votos que la derecha. Estos datos implican que el bipartidismo puede perder las elecciones de 2015. Por lo que el PP necesita cambiar cuanto antes las reglas de las elecciones democráticas para asegurarse seguir conservando alcaldías que, de otra forma, perderían. Dado ese panorama electoral el PP considera que aunque no obtenga mayoría absoluta sí podrá lograr ser la lista más votada en muchos de los ayuntamientos con esta reforma. Un pucherazo electoral unos meses antes de las elecciones, cambiando las reglas a mitad de partido, puede proporcionarles esa garantía, porque todas las encuestas le dicen que va a perder.

La segunda clave tiene que ver con facilitar el poder a una minoría. El PP tiene 34 de las 50 capitales de provincias, además de Ceuta y Melilla y en casi todas con mayoría absoluta. Pero a la vista de los nuevos resultados electorales de mayo en las europeas, sólo conservaría su mayoría en Ceuta y Melilla. El PP tuvo mayoría absoluta en 2001 en 3.317 municipios y mayoría relativa en 508. Desde las últimas elecciones municipales el PP ha tenido más alcaldes de los que ha tenido nunca. Desde entonces, la intención de voto para el PP —al igual que la del PSOE— ha caído en picado. Las cuentas que hace el PP le llevan a hacer esta reforma para seguir conservando la alcaldía de más ciudades de las que obtendría de seguir la actual normativa.

La tercera clave se fragua es de carácter económico. El poder municipal del que goza el PP en la actualidad ha sido uno de los pilares que ha sustentado su política de recortes en los últimos tres años. El PP necesita el mantenimiento del poder municipal como medio de garantizar la aplicación de sus planes de ajuste-recortes, esto es, del desmantelamiento del Estado del Bienestar.

Como analiza el economista y diputado de IU Alberto Garzón, el Fondo Monetario Internacional ya advirtió en 2013 que el programa de reformas estructurales en España enfrenta una serie de riesgos. El primero, los disturbios sociales derivados de la frustración ciudadana. El segundo, la pérdida de popularidad del bipartidismo. De ahí se deduce la necesidad —su necesidad— de leyes de represión ciudadana, como la Ley de Seguridad Ciudadana, y la necesidad de leyes que compensen esa pérdida de popularidad, como la anunciada Ley de Reforma Electoral Municipal. Así las cosas, el mantenimiento en el poder municipal no es un fin en sí mismo sino un medio para mantener el programa de reformas estructurales.

El año pasado el Gobierno aprobó una reforma para permitir a los gobiernos municipales en minoría aprobar planes de ajuste incluso a pesar de que el pleno municipal estuviera en contra. De acuerdo con esta reforma los presupuestos municipales, los planes de ajuste y las más importantes decisiones económicas de un Ayuntamiento si no se aprueban en Pleno, donde hay representación de todos los partidos políticos elegidos por la ciudadanía, se están aprobando de forma unilateral por el equipo monocolor de gobierno. La atribución del alcalde o alcaldesa a la lista más votada llevaría a la paradoja de que podría haber alcaldes y concejales que hubieran obtenido menos del 20% de los votos y, por tanto, no contarán con el apoyo de más del 80% de los vecinos y vecinas.

Una cuarta clave y fundamental es el efecto psicológico del “refuerzo al voto supuestamente útil”, frente al voto al programa de acuerdo con los propios principios. Reducir las posibilidades de las fuerzas minoritarias a participar en la política municipal refuerza la idea de que, para influir en política, sólo vale ganar, dada la dificultad que podrían tener las formaciones más pequeñas para conseguir alcaldes propios (se pueden lograr a posteriori con acuerdos con otras fuerzas). Con esta reforma pasaríamos de plenos municipales que representan a la ciudadanía a otros donde no podrá haber juego democrático: el alcalde lo podrá elegir una minoría.

Una quinta razón tiene que ver con el menor control democrático y fiscalización de la actividad política. Para presentar una moción de censura en un municipio, además de la moción, hace falta presentar una alternativa de Gobierno. Y no sólo eso, sino que la nueva propuesta tiene que recibir el respaldo de una mayoría absoluta, un requisito no exigido en otros países. Además, la reforma del PP va en contra de las demandas de mayor control popular de la actividad de los cargos públicos. A día de hoy, el partido que gana las elecciones tiene un cheque en blanco durante cuatro años, ya que no existe la posibilidad de plantear un revocatorio para expulsar a un cargo público cuando no cumpla con lo prometido en su programa electoral o realice malas prácticas.

En definitiva, como analiza Garzón, estamos ante una vuelta de tuerca que el Gobierno del PP pone en marcha con objeto de intentar asegurarse el poder municipal que le permita mantener su programa de reformas regresivas. Es obvio que temen los posibles resultados electorales. Pero no sólo el PP, sino también la troika y las élites económicas. Su problema es que está en juego el desmontaje de las redes clientelares que se han instalado en el régimen político-económico desde hace décadas. Un escenario diferente de candidaturas alternativas y rupturistas con el bipartidismo puede desbordar al propio régimen político-económico, convirtiendo de ese modo las elecciones del 2015 en un momento constituyente.