Mapa de planta municipal de Castilla y León

Recientemente el Consejo de Cuentas de Castilla y León recordó a las entidades locales menores de la región su deber de rendir cuentas antes del 31 de diciembre si no quieren verse incursas en causa de disolución, en cumplimiento de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Pero la cuestión relevante, y entiéndaseme desde el más absoluto respeto a estas entidades, es si deben seguir existiendo como tales, ya que estamos hablando de 2.224, que junto con los Ayuntamientos de menos de 100 habitantes nos pondríamos en 3.000 corporaciones, es decir, el mismo número que los municipios que tiene todo Brasil.

Si nos fijamos en otras comunidades, como por ejemplo Galicia que tiene una división territorial mucho más compleja que Castilla y León, veremos que con más de 30.000 núcleos de población, organizados en casi 4.000 parroquias, sólo tiene 9 entidades locales menores y sin embargo los vecinos, al igual que en Castilla y León, gestionan recursos propios, como pueden ser forestales, agrícolas, ganaderos e incluso turísticos, pero a través de comunidades o asociaciones de vecinos, menos rígidas, con menos formalismos y más participativas.

¿Por qué digo esto?, porque el futuro de las entidades locales de derecho público pasa por su renovación, y al igual que hicieron nuestros socios europeos en la mitad del siglo pasado, por su fusión, pues no en vano en Castilla y León existen nada menos que 2.248 ayuntamientos con una media de población, quitando las ciudades de más de 50.000 habitantes para evitar las distorsiones que generan en los números finales, de 627 habitantes, muy por debajo de los 2.767 de España. Y la fusión debe venir aunque sólo sea por cuestiones financieras, ya que más del 97% de los ayuntamientos de la región están en el tramo más bajo en la participación de ingresos del Estado, mientras que si se fusionasen recibirían, de entrada, un 10% más y si superasen los 5.000 habitantes un 27% de aumento en las participaciones de ingresos del Estado, lo cual no es nada desdeñable.

En una primera aproximación a una hipotética fusión realizada desde un prisma lógico y teniendo en cuenta las limitaciones que la orografía impone nos daría que la planta municipal de Castilla y León no debería superar en mucho los 300 ayuntamientos. Y los beneficios de esta unión son evidentes: por una parte el ahorro en gasto corriente, duplicidades de servicios y sobrecoste en edificios municipales, y por otra parte el aumento de financiación, tal y como se ha indicado.

Todo ello nos daría, aproximadamente y hablando en cantidades mínimas, unos 30 millones de euros anuales, a lo que habría que sumar el ahorro en sueldos, dietas, asignaciones y otros gastos de representación de los políticos municipales que no se han tenido en cuenta ante la diversidad existente, pero que supondría junto con lo anterior una cantidad disponible en torno al millón de euros por legislatura y ayuntamiento resultante de la fusión, lo que traería consigo una mayor prestación de servicios públicos y la mejora de los existentes con el consiguiente aumento de la calidad de vida de los vecinos.

Sólo esto debería ser razón suficiente para acometer esa racionalización del mapa de planta municipal que tantos reclamamos y que quizás debiera incluir, también, un replanteamiento de la existencia como tales de las entidades locales menores o su reconversión en otras figuras jurídicas ya contrastadas y, desde mi punto de vista, con mejores resultados prácticos.