Hacer algo ya

PP y PSOE han llegado, al parecer, a un entendimiento oficioso sobre el control de los altos cargos de la Administración del Estado. El elemento fundamental del acuerdo consiste en que se incluya en el código penal el delito de financiación ilegal de los partidos políticos. Se trata de garantizar que el político con cara y ojos que obtenga y gestione fondos ilegales para financiar su organización y sea sorprendido en estos menesteres, deba ir a prisión a partir de una cantidad razonable. Se consigue así una herramienta disuasoria de primer nivel, dada la gran dificultad objetiva que tienen los fiscales de probar el cohecho.

Además, ambas organizaciones coinciden en otras medidas que son también básicas para acercar los partidos a la ciudadanía e inspirar confianza.

La dimisión de un cargo público acusado de delitos de corrupción deberá producirse inexorablemente cuando se abra juicio oral contra él (no en el momento de la imputación, al menos mientras esta figura mantenga la ambigüedad que hoy tiene en el ordenamiento español). La participación de los militantes en la elección de sus candidatos a puestos de representación se generalizará (no se menciona el término primarias), incluyéndose probablemente en la Ley de Partidos; no se limitarán en cambio los mandatos de los cargos electos. Finalmente, se ampliará el plazo de incompatibilidad de los ex altos cargos, que no podrán pasar a la empresa privada concomitante con su anterior función en cinco años y no en dos como ahora. También ha habido aproximación en otras cuestiones no tan relevantes como la creción del a figura el Defensor de Militante o la obligación de los altos cargos de presentar bianualmente certificados de Hcienda.

El consenso es necesario pero también resulta altamente comprometedor, dado el cúmulo incesante de casos de corrupción que aparecen a diario y que mantienen en permanente tensión la capacidad de indignación de los ciudadanos. Por ello, resulta sensato no alardear de las medidas correctivas que se van aplicando, y que llegan indiscutiblemente demasiado tarde: cuando al fin del felipismo vivimos la primera gran oleada de corrupción ya se debieron haber adoptado decisiones estrictas para evitar esta gran recaída, que demuestra un absoluto descontrol y una golfería que supera todas las previsiones. Pese a la aproximación entre ambos, PP y PSOE no se han puesto de acuerdo en buscar un modelo de genuino de conseguir mayorías cualificadas para renovar los cargos institucionales, que actualmente de proveen por el sistema de cupos. Tampoco se ha conseguido acercamiento en la cuestión de los indultos. Si no se apresuran, quizá no tengan tiempo de avanzar en estos asuntos que también son inaplazables antes de que la sociedad dictamine en las urnas sobre todo este gran despropósito que es la corrupción.